El Congreso respalda por ajustada mayoría absoluta la Ley de Amnistía

Tal y como era previsible, el Pleno del Congreso ha respaldado con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Eso sí, el trámite se ha superado por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177.

Así, la ley ha reunido el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. No ha participado en la votación, ni telemáticamente, la diputada de Podemos Martina Velarde, lo que ha propiciado lo ajustado de la votación.

La ley de amnistía no será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la previsión es que pueda hacerse a partir de la próxima semana, según han informado a EFE fuentes del Gobierno.

Después de la aprobación definitiva por parte del Parlamento de la proposición de ley de amnistía presentada por el grupo socialista, habrá que esperar a que lo haga previamente el Boletín Oficial de las Cortes.

Se trata, según recalcan las fuentes citadas, del procedimiento habitual. Una vez publicada serán los jueces los que deban aplicar la Ley.

El PP ha solicitado que la votación sea nominal, es decir que cada una de sus señorías tenga que decir en alto el sentido de su voto, algo que también hicieron en las cuatro ocasiones anteriores en las que esta norma pasó por el Pleno antes de su envío al Senado. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "no es un buen día para la democracia". Durante su intervención en el pleno ha llamado "cobarde" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no subir al Pleno del Congreso a defender la ley de amnistía, un "fraude electoral" que, a su juicio, supone el "acta de defunción" del Partido Socialista. Es más, ha reiterado que esta norma es un acto de "corrupción política" con la que el presidente del Gobierno logró la investidura para llegar a La Moncloa.

Por su parte, el PSOE asegura que "Europa, España y Cataluña" han dicho "sí" a la Ley de Amnistía y han cargado contra Vox al que han tachado de partido "neofascista" y "filonazi".

Así lo ha expresado el diputado socialista Artemi Rallo, el encargado de defender la posición del partido en el debate sobre la Ley de Amnistía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su satisfacción por la aprobación definitiva de la ley con la que considera que "la convivencia se abre camino".

"En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor", ha escrito en la red social X tras haber asistido a la votación en el pleno del Congreso de la ley de amnistía.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que este jueves es un muy mal día para los jueces. "Es un mal día para ellos y es un gran día para los independentistas. Haber mantenido la posición ha valido la pena".

Esta "Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un procesado por los preparativos del 1-O, el primero en pedir la amnistía a la justicia

David Palanques, exresponsable del área de Tecnología del Departamento de Trabajo y procesado por un delito de malversación por los preparativos del 1-O, ha sido el primero en pedir a la justicia que archive la causa en aplicación de la ley de amnistía, una vez que entre en vigor.

El abogado David Aineto, que representa a Palanques, ha acudido este mediodía personalmente al juzgado a presentar un escrito en el que pide el sobreseimiento libre de la causa, que se abrió hace siete años, y que se devuelvan a los procesados las cantidades que entregaron como fianzas para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles.

Objetivo de la Ley de Amnistía

Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no va a ver la luz hasta más de seis meses después.

Si no hay sorpresas de última hora, será la segunda ley que apruebe el Parlamento desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado diciembre, además de la reforma constitucional para eliminar el término disminuido de la Carta Magna.

Durante su recorrido en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones en virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios.

Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y tuvieron que buscar un nuevo pacto.

El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y la ley se envió al Senado. El PP uso su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar una modificación reglamentaria que le permitió 'retener' allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.