VIVIENDA
Los vecinos ya pueden decidir si quieren que en sus comunidades haya pisos turísticos
Este jueves entra en vigor estas novedades incluidas en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal

Toledo y Cuenca son las que más pisos turísticos concentran en Castilla-La Mancha.
Este jueves 3 de abril entra en vigor la reforma de la Ley que dará la última palabra a las comunidades de propietarios a la hora de autorizar pisos, incluso locales, como viviendas de uso turístico. Serán los vecinos quienes decidirán si los quieren o no.
En Castilla-La Mancha hay registradas más de 5.000 viviendas turísticas, la mayoría en Toledo y Cuenca capital que concentran el 50 % del total regional.
Es un paso más a favor de los vecinos en un conflicto turístico enquistado. Para alquilar una de esas viviendas a turistas su propietario necesita el voto a favor de las 3/5 partes de los vecinos y si no lo consigue no podrá destinar su vivienda a alquiler vacacional.
La modificación de esta ley no tiene carácter retroactivo, por lo que los alquileres turísticos que ya existen seguirán siendo plenamente legales y vigentes.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado que estas medidas se enmarcan en la reforma de eficiencia del servicio público de justicia que modifica la ley de Propiedad Horizontal a fin de "empoderar" a las comunidades de vecinos, que podrán "vetar" la instalación de pisos turísticos en sus edificios.
Rodríguez ha señalado que "negar que los alojamientos turísticos han influido en la tensión del mercado del alquiler es negar la evidencia" y ha recalcado que "permitir que hoy existan alojamientos turísticos ilegales es privar a otras personas a acceder a un alquiler asequible", por lo que su ministerio ha impulsado la modificación de la citada ley para solucionar este asunto.
Una medida, que se acompaña de otras herramientas como el reglamento del registro europeo de alojamientos de corta duración para "impedir que alojamientos turísticos ilegales se estén comercializando en las plataformas", y que ha situado a España en el primer país de la Unión Europea en implementar esta iniciativa.