LEY DE AMNISTÍA
Page cree que el Gobierno debería haber consultado al Consejo de Estado antes de aprobar la Ley de Amnistía
Ante la presidenta de este órgano, Carmen Calvo, considera que debería ser obligatorio en temas de controversia social y jurídica
Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, en el Hotel Eurostars Palacio de Buenavista, organizadas por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Juan Moreno
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha asegurado que hubiera sido deseable que el Gobierno hubiera preguntado al Consejo de Estado sobre la Ley de Amnistía.
"Es deseable que el legislador, antes de seguir adelante con la tramitación de la Ley de Amnistía, hubiera acudido a pedir opinión al Consejo de Estado, al tratarse de una medida que sí o sí iba a crear controversia", ha apuntado .
La consulta era "obligatoria ante la controversia"
García-Page ha recordado que él sí preguntó al Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha sobre la idoneidad de presentar un recurso, y que si el dictamen hubiera sido negativo, no habría recurrido la Ley de Amnistía, aunque recibiera presiones.
Declaraciones durante la inauguración en Toledo de las 'XXIII Jornadas Nacionales sobre la Función Consultiva', que cuenta con la asistencia de más de un centenar de responsables del Consejo de Estado y los diferentes consejos consultivos de las comunidades autónomas.
Page ha defendido que "cuando se sabe de antemano que hay controversia social y jurídica es cuando más hubiera sido obligatorio consultar, precisamente".
Para el presidente en estos casos es cuando más justificado está el viaje al Consultivo, "al que se le puede pedir dictamen independientemente de que sea o no preceptivo".
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier de Irízar, que también ha intervenido en el acto, ha asegurado "haber echado de menos" la intervención del Consejo de Estado en la Ley de Amnistía". Su presidenta, Carmen Calvo, que el Consejo de Estado no sido llamado a consulta para que se pronuncie sobre esta medida "porque reglamentaria y legalmente ni puede ni debe".
Calvo ha recordado que la seguridad jurídica "reparte a cada quien sus competencias sobre la constitucionalidad de las leyes" de tal modo que, sobre las leyes del país, "solo se pronuncia de manera efectiva jurídicamente y como obligatoriedad en el Tribunal Constitucional".
"Como todos bien sabemos, lo demás son evidentemente posiciones respetables, pero fuegos de artificio. Las proposiciones de ley no las informa el Consejo de Estado, porque no lo contemplan ni nuestra ley orgánica ni nuestro reglamento".
