El texto completo de la ley de amnistía que ya ha registrado el PSOE en el Congreso

La futura ley de amnistía ya se ha registrado en el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley Orgánica. El documento, de siete hojas, que se ha filtrado a la prensa recoge lo que ha venido a llamarse como Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. 

El PSOE ha registrado en solitario esta ley, sin las firmas de sus socios parlamentarios de investidura: Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, aunque los socialistas han asegurado que tiene el consenso de la mayoría de los socios de investidura para ser aprobada por mayoría absoluta.

El ministro de Presidencia en funciones,Félix Bolaños, ha explicado el detalle de esta ley que ha calificado de "impecable" desde el punto de vista Constitucional y que considera como un paso de gigante para avanzar en la convivencia de Cataluña.

"Es la mejor solución para dar respuesta a un problema que se había enquistado". ha añadido Bolaños, quien asegura que la Constitución "se defiende dialogando entre personas que piensan diferente".

Y ha lanzado un mensaje de tranquilad a las personas que "han tenido alguna preocupación y les decimos que miren al fututo con tranquilidad" y confía en que sea aprobada en breve por el Congreso y por el Senado, ya que se ha tramitado la Ley de forma urgente.

"Es útil, es necesaria para que nuestro país sea un país mejor", ha concluido en su intervención.

Sumar sorprendido por la presentación de la ley en solitario

Sumar está sorprendido de que el PSOE haya registrado en solitario la proposición de ley de amnistía de manera telemática y sin comunicárselo previamente, han informado fuentes de la coalición de Yolanda Díaz.

Según han dicho, el PSOE no les ha dado ninguna explicación de por qué han tomado la decisión de presentar el texto sin la firma de ninguno de los socios de investidura independentistas y nacionalistas, y están esperando que lo hagan.

El texto deja fuera la 'lawfare' y los delitos de terrorismo

Con esta norma, entre otras cosas, quedarían amnistiados todos los delitos vinculados al procés o sus preparativos, cometidos entre enero de 2012 y el día de hoy. Eso sí deja fuera la polémica 'lawfare' o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales.

El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial, pero sí prevé la reforma del Código Penal para incluir en su artículo 130 la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto. 

La propuesta excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo de 2017, que abarca desde atentados mortales a tenencia y fabricación de explosivos, así como los de torturas.

Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.

Qué propone la ley

El texto propone amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. Plantea exonerar "los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos".

Beneficiarios

La proposición de ley serviría para amnistiar a los dirigentes del 'procés', a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019, así como profesores de colegios en los que se instaló una urna electoral.

El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.

También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados por desórdenes públicos tras la reforma, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.

Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.

El texto a su vez tendría impacto en el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia tras la reforma que derogó la sedición, y contra la que también pesa orden de detención nacional. Igualmente beneficiada resultaría la ex consejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, procesada por desobediencia. 

También contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'

Actos desde 2012 hasta hoy

De este modo quedarían amnistiados actos ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña, tanto el 9N como el 1O, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023.

En el texto se apunta también que los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y que las decisiones se deberán adoptar en un plazo máximo de dos meses. 

Según consta en la proposición, la aplicación de la amnistía en cada caso "corresponderá a los órganos judiciales, administrativos o contables determinados en la presente ley, quienes adoptarán, con carácter preferente y urgente, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate".

La amnistía asume que cumplir la legalidad no es suficiente "para resolver el conflicto". 

Durante estos últimos días se han protagonizado diferentes actos de protesta y manifestaciones en la calle. Distintos organismo del Derecho y la Justicia se han mostrado en contra de esta ley de amnistía, que consideran un ataque al estado de derecho. Apuntaban la inclusión 'lawfare'" por considerarla contraria a la Constitución y el Tratado de la UE y advirtieron a que su aprobación puede suponer un deterioro institucional. 

La Comisión de Reglamento del Senado ha avalado este lunes la reforma propuesta por el PP para dilatar hasta dos meses la tramitación de esta proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta. Se aprobará de manera definitiva en el Pleno de este martes. Además, el PP ha incluido un apartado para obligar a los ministros a comparecer cuando se lo soliciten los grupos parlamentarios.

En cualquier caso, tanto el fondo de la reforma del Reglamento como la forma de tramitación ha levantado las quejas del PSOE y sus potenciales socios de la investidura. De hecho, los socialistas no descartan acudir al Tribunal Constitucional.