JUEGO
La densidad de locales de juego por habitante en la región es de 9,30, dos puntos más que la media nacional
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que prohíbe la apertura de nuevas casas de apuestas en los próximos cuatro años
Desde 2018 se ha conseguido reducir el número de establecimientos en un 14,5 %
A 31 de diciembre de 2022 Castilla-La Mancha contaba con 191 establecimientos de juego. Es decir, existen 9,3 locales de este tipo por cada 100.000 habitantes, una cifra que nos sitúa casi dos puntos por encima de la media nacional porque en España hay 7,87 casas de apuestas por cada 100.000 mil habitantes.
Unos datos que busca reducir el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por ello, ya se ha firmado el decreto por el cual durante los próximos cuatro años no se podrán abrir nuevos locales de juego en territorio castellanomanchego, una medida con la que se intentará seguir reduciendo el número total de locales, 189 en 2023.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que a pesar de que ésta es una actividad "legal" tiene efectos negativos como la ludopatía que "desde los poderes públicos se deben mitigar".
Queda así suspendida la instalación de nuevos centros de juego en los próximos cuatro años para "reducir progresivamente el número de establecimientos de este tipo hasta lograr que la densidad de locales de juego en relación con el número de habitantes esté en consonancia con la que existe a nivel nacional".
Reducción de locales de juego: 221 a 180 en cinco años
En Castilla-La Mancha se viene trabajando en esta materia desde la pasada legislatura. Desde 2018 se ha conseguido reducir el número de establecimientos en un 14,5 %, pasando de 221 a 189.
El decreto aprobado además limita a 100 las nuevas autorizaciones anuales de explotación de máquinas tragaperras, un ámbito en el que también se obtienen resultados tras pasar de las 8.569 máquinas de 2018 a 7.389 en 2023.
La actual Ley del Juego en vigor en Castilla-La Mancha impide la instalación de casas de apuestas a menos de 300 metros de centros educativos y permite a los ayuntamientos declarar zonas saturadas de locales de juegos.
Además aumenta las sanciones y pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables con el desarrollo de esta actividad.
También estipula una distancia mínima de 150 metros entre locales de juego y fija las condiciones que deben reunir los sistemas de control de acceso a los locales, entre otras medidas.
