ECONOMÍA

Castilla-La Mancha aprueba un techo de gasto de 8.315 millones de euros para 2025

El Gobierno regional  espera que el cupo catalán caiga por anticonstitucional

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.A.Perez Herrera

Elena Garcia Fermosel
Seguir al autor

Castilla-La Mancha ya sabe cuál será el techo de gasto para el presupuesto de 2025. Serán 8.315 millones de euros, una cifra que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno y que suponen un 4,5 % más respecto a este 2024.

Datos que han sido aportados por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha criticado la "incertidumbre nacional" y la infrafinanciación que sufre Castilla-La Mancha junto con otras comunidades autónomas, para las que se reclama un fondo transitorio para las comunidades autónomas infrafinanciadas  y que tasa en 3.000 millones de euros para todas estas autonomías.

Con la aprobación del techo de gasto se da el primer paso para la aprobación de los presupuestos regionales que en Castilla-La Mancha quieren que entren en vigor el 1 de enero de 2025 porque "no podemos estar al albur de lo que suceda en Madrid y hay que aprovechar la estabilidad política de la región", ha dicho Ruiz Molina.

Ruiz Molina cree que el concierto con Cataluña no "cristalizará por anticonstitucional"

El consejero de Hacienda ha destacado el importante peso que tiene en el techo de gasto la aportación de financiación autonómica, 7257 del total de 8315 millones de euros y confía en que el preacuerdo entre el PSC y ERC para ceder a Cataluña la gestión del cien por cien de sus ingresos no cristalizará por anticonstitucional.

Y ha bromeado con el hecho de que si sale adelante la estrategia del gobierno en la región catalana, los Consejos de Política Fiscal y Financiera los tendría que convocar la nueva consejera de Economía del Gobierno de Salvador Illa, "porque será Cataluña la que decida el dinero del que va a disponer el resto".

Ruiz Molina ha puesto el acento en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica en una negociación donde participen "todas las comunidades autónomas" y sin permitir "privilegios", como ha su juicio supone el "concierto" pactado en Cataluña.