Hacienda presentará en noviembre su nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno ha fijado el mes de noviembre la fecha para presentar el nuevo modelo de financiación autonómica. Hacienda admite que el sistema necesita una reforma para garantizar los servicios básicos en todo el país. Defiende que hay regiones que piden que prime más la población y otras, como Castilla La Mancha, en la que se apela a criterios como la despoblación para analizar el coste real de servicios como la educación, la sanidad o la dependencia.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha apelado este miércoles a encontrar una posición común dentro del PP, pero también dentro de su formación política, el PSOE, para afrontar la negociación por la reforma del modelo de financiación autonómica que arrancará previsiblemente en el mes de noviembre.

"¿Cuál va a ser la posición del PP, quizá en este caso la de la Comunidad de Madrid que está más alineada con la posición de los partidos catalanes que por ejemplo con Andalucía o Galicia? Así podría poner toda una serie ejemplos también en el interior de mi propia formación política", ha señalado Montero durante su comparecencia en el Congreso para hablar sobre financiación autonómica.

En este contexto, la ministra de Hacienda ha apelado al consenso entre el PP y el PSOE, partidos que, según ha dicho, tienen responsabilidades de poder en gran parte de las autonomías, para que la reforma del modelo de financiación autonómica pueda salir adelante a través de una Ley orgánica en el Congreso de los Diputados.

Es por ello, por lo que ha recalcado su petición de ponerse de acuerdo en el seno de ambas formaciones para acordar una posición común en la negociación de esta reforma del modelo de financiación que, previsiblemente, arrancará en noviembre cuando Montero presente la propuesta del Ministerio de Hacienda respecto al criterio de población ajustada.

Tres bloques en comunidades autónomas

Y es que, según ha definido la propia ministra Montero, existen tres bloques de comunidades autónomas que reclaman que primen distintos criterios a la hora de abordar la negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Por un lado, están Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, que "defienden que en su territorio se afronte el reto demográfico con mayor intensidad y que se tenga más en cuenta la dispersión de población".

Otro grupo de regiones son, tal y como ha dicho Montero, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que defienden "claramente" una reforma que nivele las diferentes del actual sistema dado que por población ajustada "tendrían una mayor capacidad de tener los recursos suficientes".

Por último, se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, "que son de signo político muy distinto" y que quieren tener en cuenta el "denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación".

En todo caso, Montero, que ha defendido en su primera parte de la intervención los recursos transferidos desde el Estado hacia las autonomías durante la época covid, ha pedido a estos tres bloques de comunidades que tengan una "mirada amplía que permita llegar al acuerdo".

Castilla-La Mancha intensificará los contactos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a intensificar en el mes de octubre sus contactos con otros presidentes autonómicos de cara a fijar una posición común en defensa de un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta el coste de los servicios en las zonas más despobladas, reuniones que se mantendrán con líderes regionales con "muchos puntos en común, no ideológicos, pero sí sociológicos".

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, quien ha recordado que será en noviembre cuando el Gobierno estatal presente su primer borrador del nuevo modelo de financiación autonómica, de manera que estos contactos servirán para ejercer presión de cara a reclamar una mayor dotación.

Tal y como ha insistido, Castilla-La Mancha tiene una "infradotación" de mil millones de euros anuales, y ahora la intención es hacer ver cómo en la España rural, "que hasta ahora ha sido invisible y donde vive el 40% de la población de la región", necesita una mayor dotación de fondos.

"Esta reflexión en nuestro país debe pasar por que los servicios públicos sean valorables y homologables en zonas rurales para mejorar la igualdad de oportunidades y ver cómo estimular la inversión", ha señalado