El Gobierno recurrirá a la Justicia si Castilla y León aplica el protocolo antiaborto

El Gobierno de España quiere que Castilla y León se abstenga de aprobar o aplicar medidas que vulneren la actual normativa con respecto al aborto. 

Para ello, ha enviado un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, donde advierte de su disposición para llevar a cabo más acciones legales.

La respuesta a este requerimiento no se ha dejado esperar y el presidente de la Junta castellanoleonesa, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido vía Twitter acusando al Gobierno de mentir y de generar alarma social. 

La Junta aseguró que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: "El respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios".

Irán a la Justicia si se aplica el protocolo

El Gobierno ha asegurado a través de un comunicado que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.

Más concreta ha sido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia si la Junta de Castilla y León aplica el protocolo para mujeres embarazadas. Unas medidas, ya sean obligatorias o recomendaciones, "contravienen la legalidad vigente".

También exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales.

Así es el protocolo para embarazadas

El sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) estrena este lunes, 16 de enero, su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, encaminado a reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en la Comunidad.

Este protocolo ha estado rodeado de polémica y contradicciones desde su anuncio por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox).

Los tres principales servicios que ofertará la Comunidad a las mujeres embarazadas, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar, serían:

No obstante, queda aún por despejar si para los profesionales será "obligatorio e imperativo" ofrecer estas prestaciones a las mujeres que expresen su voluntad de abortar o será algo que quedará al criterio sanitario sin ser preceptivo.

Reacciones al protocolo

Los dos socios de Gobierno en Castilla y León (PP y Vox) han mantenido un tira y afloja, con distintas versiones, incluso contradictorias, de qué supondrá este protocolo y cómo se llevará a cabo en la Comunidad.

Mientras que para Vox este protocolo es una respuesta "provida" a la "agenda abortista de la izquierda", para el PP no son medidas "antiabortistas", sino en "apoyo a la natalidad", con el énfasis puesto en la "voluntariedad" de las mismas para las mujeres, como recalcó este fin de semana el presidente autonómico.

Críticas de la oposición y dudas de expertos

Las críticas hacia este protocolo y a la Junta de Castilla y León se han sucedido desde diversos ámbitos.

Así lo valoraban el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente del PSOE en las cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en un acto este fin de semana en Sevilla que con gobiernos socialistas "habrá avances" en beneficio de las mujeres y "ni un solo retroceso".

Asociaciones feministas y proaborto también han criticado este protocolo por atentar a los derechos de la mujer, al suponer una coacción a su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo, ha rechazado las medidas antiabortistas propuestas por la Junta de Castilla y León al considerar que "ninguna directriz política puede obligarnos a cómo ejercer la profesión".

Por su parte, la magistrada de Violencia sobre la Mujer de Castilla-La Mancha, Cira García, aseguraba en Castilla-La Mancha Media que "cualquier avance en los derechos de las mujeres, en este caso los derechos reproductivos, cuando se produce un retroceso por parte de algunos partidos políticos, que niegan la violencia de género (...) va a ser cuestionado y analizado para que se sometan las restricciones adecuadas".