El Gobierno aprueba la nueva Ley de Memoria Democrática: tres claves para entenderla

El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de Memoria Democrática mediante la que se extinguirán las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Con este nueva redacción, el Gobierno recoge las sugerencias realizadas a este punto del anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial.

Así, la norma que sustituye y amplía la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fijará como causa de extinción de las fundaciones que éstas no persigan fines de carácter general o hagan actividades contrarias a los mismos.

Apología del Franquismo

El anteproyecto ya establecía como "contrario al interés general" la "apología del franquismo", pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto "sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas" suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

Así, el CGPJ concluía que la referencia a la apología del franquismo invadía "claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten 'incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales', no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación".

Por eso ahora, en el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo "que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo".

Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedará extinguida cuando se apruebe la ley una vez finalice su tramitación parlamentaria.

Extinguirá las fundaciones que ensalcen a franquistas y humillen a las víctimas

La norma también contempla la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, mediante la derogación del decreto de agosto de 1957 por el que se la nombraba titular y administradora del lugar, que ahora será resignificado.

Ese decreto franquista, que continuaba vigente, recogía la creación de un convenio entre la fundación y la Abadía Benedictina de Silos, que fue promulgado un año después. Tanto la fundación como ese acuerdo quedarán derogados cuando se apruebe la ley y se pondrá fin a las funciones de la abadía en el Valle.

Una vez quede extinguida esta fundación y considerando que los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que se quiere negociar con la Iglesia. Mientras ese acuerdo llega, Patrimonio Nacional tomará las riendas de todo el Valle.

Nueva fiscalía especializada

El Gobierno ha incorporado también las sugerencias del Consejo Fiscal que hizo un informe favorable al anteproyecto, pero pidió que se perfilaran mejor las funciones del nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Según ha explicado el secretario de Estado, el proyecto incluye en este sentido una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las competencias de esta nueva figura que se encargará de investigar los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.