CONSTITUCIÓN
El Congreso tramita la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido"
Se iniciará el proceso para aprobarla por la vía de urgencia este mismo mes
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, preside la primera reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de la XV Legislatura, en el Salón de Ministros
La Mesa del Congreso admitirá a trámite este martes la reforma del artículo 49 de la Constitución pactada por PP y PSOE para eliminar el término "disminuido" y sustituirlo por "persona con discapacidad", y con ello se iniciará el proceso para aprobarla por la vía rápida este mismo mes.
Según fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara dará su visto bueno formal a la iniciativa registrada el pasado 29 de diciembre por el PSOE y el PP en virtud del pacto que habían alcanzando una semana antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Cómo se tramita una reforma
Como se hace con todas las proposiciones de ley, la Mesa remitirá el texto al Gobierno para que se pronuncie sobre su tramitación, habida cuenta de que el Ejecutivo tiene la facultad de vetar las iniciativas de los grupos si considera que implican un aumento de gasto o una merma de ingresos.
Dado que en este caso existe un acuerdo previo y Moncloa no pondrá pegas, la previsión es que el Gobierno conteste con celeridad. En iniciativas anteriores como la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, el Gobierno apenas tardó 24 horas en dar su permiso.
Una vez que haya conformidad oficial del Ejecutivo para la tramitación de la reforma constitucional, ésta se podrá llevar al Pleno. Sánchez y Feijóo acordaron que esta modificación de la Carta Magna se debatiera en una sesión monográfica que no se descarta que se pueda convocar incluso para la semana que viene.
Trámite por vía de urgencia sin emiendas
Cuando registraron la iniciativa, socialistas y 'populares' ya solicitaron que se tramitara por la vía de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad, y también en lectura única, es decir, de una tacada en el Pleno, sin pasar por las fases de ponencia y comisión.
Una reforma constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace que sea imprescindible la presencia de los dos grandes partidos.
Sánchez y Feijóo acordaron en la reunión del pasado 22 de diciembre que la reforma se aprobará sin aceptar ninguna enmienda ajena y sin modificaciones.
Sin referéndum constitucional
El líder popular también obtuvo el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, que se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.
Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera:
"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Lo que se pretende es cambiar la redacción recogiendo que:
"Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación". Además, se busca señalar que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".
La idea es incluir un tercer punto diciendo que "se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".
