Claves de la Ley de Cambio Climático para una España neutra en carbono en 2050, que hoy aprueba el Consejo de Ministros
El Gobierno quiere alcanzar la neutralidad climática de España de aquí a 2050, una fecha en la que además el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable, para lo que se darán unos pasos intermedios como alcanzar una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 por ciento respecto a 1990, según consta en el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno.
El anteproyecto normativo será estudiado este martes por el Consejo de Ministros, donde ha obtenido el visto bueno para su remisión como proyecto de ley al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Pero ¿qué contempla el texto? 36 artículos para cumplir el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo
El texto, facilitado a Europa Press, incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía.
Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, se establece:
-Que en 2030 las emisiones de la economía española tendrán que reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la Comisión Europea que, en su conjunto se ha planteado reducir entre un 50 y un 55 por ciento las emisiones respecto a 1990.
-Además, de aquí a 2030, al menos el 35 por ciento del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, establece que la presencia renovable en 2030 tendrá que ser, "al menos" de un 70 por ciento. Ya en 2050 el cien por cien del sistema eléctrico deberá ser de origen renovable y el consumo de energía primaria deberá ser un 35 por ciento menor.
¿Y cómo se alcanzarán estos objetivos?:
-Con los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC), que marca la senda entre 2021 y 2030 --remitido a la Comisión Europea el 31 de marzo--, plantea una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23 por ciento respecto a 1990 al final de esta década y duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta el 42 por ciento.
De acuerdo con los modelos del Gobierno, para el periodo 2021-2030 prevé que la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generar entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año.
El texto mantiene la creación de un marco de gobernanza que refuerce la participación mediante la puesta en marcha del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.
Medidas que deben adoptar las comunidades autónomas
Entre los plazos previstos en la propuesta normativa, también a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Conseguir que los vehículos sean cero emisores de CO2:
Así, las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración General del Estado deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 sean 0 emisores de CO2. Como paso previo, se adoptarán medidas para que los vehículos ligeros --excepto los vehículos históricos o los comerciales-- reduzcan de aquí a 2040 sus emisiones para que entonces sean cero gramos de CO2 por kilómetros.
En las poblaciones de más de 50.000 habitantes, crear zonas de bajas emisiones:
Los Ayuntamientos deberán establecer "no más tarde de 2023" zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y medidas para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte público.
En esa línea, también apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado. Aún más, el anteproyecto establece que cualquier medida que se quiera adoptar y que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones que ya existan deberán contar con un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico competente en la materia.
No más proyectos de fracking:
A través de planes específicos, se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se prevé autorizar nuevos proyectos en energías fósiles, al tiempo que los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico.
El proyecto normativo no prevé la autorización de nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica en toda España.
Medidas que valora positivamente el gobierno regional y por las que fue pionera Castilla-La Mancha
Otros instrumentos que aporta la Ley para conseguir objetivos
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático:
Que está en información pública y también contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y la gestión del agua y la costa, en las infraestructuras, la ordenación del territorio y los usos de suelo y la seguridad alimentaria.
Se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal:
El texto introduce medidas para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en los suelos agrícolas y forestales y en los montes y contempla la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.
La ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático en la sociedad:
Para lo que revisará el tratamiento de esta materia en el currículo básico de la educación formal y no formal, así como en los planes universitarios y el Catálogo Nacional de Cualificación profesional.