El Ayuntamiento de Toledo no descarta recurrir a la seguridad privada para Semana Santa

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha explicado este lunes que su equipo de Gobierno "no descarta ninguna alternativa" para garantizar la seguridad de la Semana Santa, que puede verse afectada por el conflicto con la Policía Local. 

Para garantizar que todo se desarrolle "con total normalidad", el equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, ha planteado la posibilidad de contar con seguridad privada. Velázquez ha asegurado en declaraciones que tiene "la máxima voluntad de llegar a un acuerdo y solventar los problemas" que existen con la Policía Local, pero que, de cara a una de las semanas más importantes para los toledanos, se están barajando varias posibilidades.

Un acuerdo con la Policía Local

El alcalde también ha puesto en cuestión la "legalidad" del acuerdo que firmó el antiguo equipo de Gobierno sobre las denominadas como guardias localizadas: "Era un acuerdo ilegal. Hay máxima voluntad de llegar a un acuerdo, porque por esa vía no podemos seguir".

Velázquez también ha asegurado que tanto la responsable municipal de Seguridad, Inés Cañizares, como el de Hacienda mantienen conversaciones "continuas y fluidas" con los sindicatos "para buscar alternativas viables para poder solventar el problema". 

"Las prisas no son buenas en general y firmar un acuerdo tan importante, o como pretendían que fuera tan importante, a tres días de las elecciones, cuando has estado ocho años gobernando, llama la atención. Eso tiene sus consecuencias y las consecuencias las estamos teniendo ahora. Los principales perjudicados: la ciudad de Toledo y los propios policías. Hay algunos de ellos a los que les gustaría hacer horas extraordinarias y no van a poder o no quieren hacerlas ahora", ha concluido el alcalde.

El conflicto entre Ayuntamiento y Policía Local

El Ayuntamiento de Toledo mantiene que el acuerdo "no puede llevarse a efecto" porque hay un reparo de intervención en relación al pago de esas guardias localizables. Los agentes, por el contrario, afirman que el acuerdo es totalmente legal y que lo que el interventor exige es que estas se presupuesten bien y no por debajo de lo acordado. 

Según señala la Policía Local, el Consistorio debe a cada agente de policía 1.800 euros por guardias ya realizadas y no pagadas. Los agentes mantienen que van a seguir cubriendo las bajas y cualquier otra incidencia que surja, "pero no vamos a cubrir ninguna hora extra ni vamos a prolongar ninguna jornada que sea para un evento".