Suspendido el juicio contra la exalcaldesa de Corral de Almaguer por quitar multas de tráfico
La Audiencia Provincial de Toledo ha suspendido este martes el juicio contra la exalcaldesa de Corral de Almaguer, Juliana Fernández Cueva, y contra su teniente de alcalde, Vicente González Ramírez, acusados de retirar multas de tráfico a personas afines en el año 2013, tras la petición de las defensas de solicitar una prueba al Ayuntamiento de la localidad para comprobar si desde el año 2013 se ha solicitado tener acceso a los expedientes sancionadores que obran en las dependencias municipales y quién lo ha hecho.
Durante la sesión del juicio, que comenzaba este martes, el abogado que representa a la exalcaldesa, Juan Justo López, ha asegurado que entiende que esta prueba es "muy importante" y ha asegurado que su práctica lleva siendo solicitada desde el año 2017.
Por ello, ha insistido en su petición de "retrotraer las actuaciones" de la causa a ese año 2017, para que el secretario municipal pueda certificar "si en 2013 se han consultado por alguien los archivos" que tienen que ver con el proceso.
"Podría haber vulnerado el derecho a la intimidad de los acusados"
Además, tanto el abogado de Juliana Fernández como el de Vicente González han considerado que durante el proceso, "especialmente en el origen", se ha podido vulnerar el derecho a la intimidad personal de los acusados en la obtención de las pruebas en las que se ha basado la investigación.
En este sentido, Juan Justo López ha afirmado que la causa comenzó "por la denuncia de un particular que obtuvo unos datos de manera ilegítima". "La trascendencia de estas alegaciones es la posible invalidez de toda la prueba, al margen de que creo que mi cliente no ha cometido ningún delito", ha añadido.
De su lado, el fiscal ha apuntado que en caso de tener lugar la suspensión del juicio, como finalmente ha sucedido, la "indefensión" esgrimida por las defensas a la hora de ejercer su labor "quedaría diluida" y, de esa manera, "no concurriría la causa de nulidad".
Además, ha defendido que desde el Ministerio Fiscal no creen que exista una vulneración del derecho a la intimidad personal de los acusados, ya que, según ha apuntado, "en fase de instrucción es perfectamente admisible que por parte del fiscal se recaben determinadas documentaciones".
El fiscal, según el escrito de acusaciones recogido por Europa Press, solicitaba imponer a cada uno de los acusados la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.
En el año 2016, el Tribunal Supremo devolvió la causa al juzgado de Decano de Quintanar de la Orden (Toledo) para que se continuará allí la investigación del asunto al dejar Fernández Cueva de ser senadora del PP y por tanto dejar de gozar de la condición de aforada.
Archivo de cuatro expedientes por multas de tráfico
Según el fiscal, el entonces teniente de alcalde de Corral, en ánimo de favorecer a los sancionados, acordó el sobreseimiento y archivo de cuatro expedientes por multa de tráfico y no disponer la retirada de los puntos ante la Dirección General de Tráfico.
En concreto, se trataba de dos multas por circular con una tasa de alcohol superior a la permitida, otra por no utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad y una cuarta por conducir de forma manifiestamente temeraria, a alta velocidad con peligro de colisión contra vivienda.
En todos estos casos, la exalcaldesa aceptó y firmó la propuesta de resolución, según el escrito de acusaciones, que recuerda que para todas estas infracciones existe la pena de pérdida de puntos del crédito inicial asignado al conductor.
En 2015 la exalcaldesa de Corral de Almaguer declaró ante el Supremo
El 19 de octubre de 2015 y al término de su declaración ante el magistrado del Supremo José Manuel Maza, la entonces aún senadora manifestó que no había hecho nada y que quería que todo se aclarara porque llevaba un año siendo "juzgada" por los medios de comunicación.
Fernández Cueva y el que fuera su teniente de alcalde, Vicente González Ramírez, declararon en relación con la tramitación que llevaron unas multas que habían sido impuestas a determinados vecinos del municipio por la Policía Local y después fueron retiradas.
A las puertas del tribunal la senadora recordó que había "renunciado" a su condición de senadora al venir voluntariamente a declarar y defender su inocencia. "No he hecho nada, y como no he hecho nada, lo que quiero es que esto pase, porque he sido juzgada por los medios durante un año ya", manifestó.
La Fiscalía se querelló contra la alcaldesa y el teniente de alcalde al considerar que maniobraron para favorecer a los sancionados "en clara contravención de lo legalmente establecido", al proponer el teniente de alcalde a su jefa la estimación de las alegaciones formuladas en un total de cuatro expedientes, lo que produjo la pérdida de efecto de las sanciones que se les habían impuesto en materia de seguridad vial. EP
