Ley anti-fracking: la Junta asegura que frente a un modelo insostenible, su Gobierno apuesta por uno respetuoso con el medioambiente
anti fracking clm
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente,Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que, "frente a un modelo energético insostenible y no respetuoso con el medio ambiente, el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por otro que genera riqueza y protege el territorio".
Así se ha expresado el titular regional de Medio Ambiente en su cuenta personal de Twitter, al conocer la decisión del Consejo de Ministros de solicitar recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de Castilla-La Mancha que faculta a esta comunidad a elaborar un plan estratégico en el uso del 'fracking'.
Primera reacción, desde el @gobjccm. Esto dice el consejero de Agricultura y Medioambiente, y cita a @frackingNOguada https://t.co/VhhLL14O9V
A juicio del Gobierno central, dicha ley, aprobada el pasado 9 de marzo, supone una vulneración de la ley del Sector de Hidrocarburos y la ley de Evaluación Ambiental, dado que una ley autonómica no puede regular un "Plan estratégico" porque las competencias sobre hidrocarburos y medioambiente pertenecen al Estado.
Sin embargo, Martínez Arroyo defiende esta ley, que fue aprobada el pasado mes de marzo con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, y destaca en la misma red social que, "frente a un modelo de decisiones sin contar con los ciudadanos, un orgullo escuchar la voz de las gentes de Castilla-La Mancha".
La ley "antifracking" de Castilla-La Mancha, la quinta comunidad que regula la fractura hidráulica, incluye varias medidas para imposibilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones.
La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial.
La ley anti-fracking fue aprobada en las Cortes regionales el 19 de marzo de 2017 con el apoyo de la Plataformas ciudadanas del Campo de Montiel y La Mancha y Guadalajara. En ese momento, el gobierno regional anunció que en un plazo máximo de 18 meses se elaboraría un Plan estratégico para "establecer las exigencias y la fianza para las empresas interesadas en fracking”.