Convenio de Transición Justa de Zorita: Junta y Gobierno central suscriben el protocolo
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, han suscrito este martes el protocolo para elaborar el Convenio de Transición Justa de Zorita.
Se trata del primer protocolo de este tipo que se ha firmado en España para zonas afectadas por el cierre de centrales nucleares, con el que se inicia el proceso de participación pública con los agentes del territorio, que desembocará en la firma del Convenio de Transición Justa para Zorita, han informado en sendas ruedas de prensa el Miteco y la Junta de Comunidades.
El protocolo ha sido suscrito esta tarde en la sede del Miteco por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aages, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez, en presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
El objetivo es permitir a los agentes económicos y sociales de la zona afectada por la transición energética que formen parte activa del proceso de transformación económica en su territorio, aportando iniciativas que serán la base sobre la que se elaborará el Convenio de Transición Justa para la zona.
Plan de acción para creación de empleo
Dicho convenio desarrollará un plan de acción territorial para el mantenimiento y creación de actividad y empleo, a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, en el territorio afectado por el cierre de la central nuclear de Zorita.
El ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa de Zorita está delimitado por dieciocho municipios: los de Albalate de Zorita, Albares, Almoguera, Almonacid de Zorita, Driebes, Escopete, Hueva, Illana, Mazuecos, Mondéjar, Pastrana, Pozo de Almoguera, Sayatón, Valdeconcha, Yebra y Zorita de los Canes, de la provincia de Guadalajara, y los municipios de Buendía y del Valle de Altomira, de la provincia de Cuenca.
Los Protocolos de Actuación son documentos suscritos entre representantes de la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y los entes locales cuyo objetivo es reflejar el compromiso expreso adquirido por parte de las diferentes Administraciones para la elaboración de los Convenios.
Actúan como garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética y, en ellos, las diferentes Administraciones se comprometen a un trabajo conjunto.
Diagnóstico y participación social
Con la firma de este Protocolo se inicia un proceso de diagnóstico y participación social para la elaboración de este Convenio de Transición Justa de Zorita, que constituye una iniciativa pionera, ya que nunca se había realizado una actuación similar en zonas afectadas por el cierre de centrales nucleares.
El proceso de participación pública para el Convenio de Transición Justa de Zorita se iniciará el 1 de diciembre y estará abierto a la participación de los agentes del territorio, que podrán enviar sus propuestas hasta el 31 de enero del 2021.
La firma de los convenios se producirá al final del proceso de elaboración e incluirán las mejores propuestas para el desarrollo de empleo sostenible en las zonas.
En el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en tramitación parlamentaria, se establece que los Convenios de Transición Justa constituyen una de las herramientas de implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, han recordado el Miteco y la Junta de Comunidades.
Asimismo, han precisado que estas herramientas contribuyen a crear un nuevo tejido productivo en las zonas en transición a partir de la participación de los agentes implicados.
El objetivo es identificar proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen la generación y fijación de empleo en las zonas afectadas, sostenible en el medio y largo plazo, en bases a criterios ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica. Se trata de unir participación social con profesionalización de los procesos.
