Un año de la Ley de Universidades sin acuerdo de financiación entre el Gobierno y varias comunidades

Después de un año de la entrada en vigor de La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) justo este 12 de abril aún no hay acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno para ver cómo se financia su desarrollo. 

Para abordar el desarrollo de la Ley de Universidades, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado este año un grupo de trabajo en el que están representadas las comunidades autónomas, los sindicatos y los rectores de las universidades españolas.

La Comisión de Trabajo para avanzar en la implantación de la LOSU está diseñada con el objetivo de establecer un sistema de financiación de las universidades españolas que les permita alcanzar la disponibilidad de unos recursos que equivalgan al 1 % del PIB en el año 2030, fijando unos criterios comunes mínimos para todo el sistema y estables en el tiempo.

Este grupo de trabajo comenzó a trabajar a principios del pasado mes de febrero en una respuesta conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas, "bajo el principio de corresponsabilidad, sobre la necesidad de las universidades de incorporar talento, rejuvenecer las plantillas y combatir la precariedad de determinados colectivos de profesorado", según informaba el Ministerio.

Debate de las propuestas en una Conferencia de Política Universitaria

Las propuestas que elabore la Comisión de Trabajo se deben debatir y aprobar posteriormente en el seno de la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que participan todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La última propuesta presentada por el Ministerio a las comunidades autónomas fue el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que implica que el Gobierno financia con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor en las universidades públicas a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato.

El Ministerio, que en un borrador inicial estimó en 4.200 las plazas de profesores necesarias para el desarrollo de la Ley de Universidades, exige la correspondiente participación de cada una de las comunidades autónomas, como administraciones competentes, que deberán sufragar el resto de las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan sus universidades públicas.

Estas plazas extra, que se lanzarán más allá de la oferta ordinaria de empleo público, deben destinarse a compensar los cambios en la dedicación docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores ayudantes doctores, recogidos en la LOSU.

No obstante, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a excepción de Galicia, han rechazado por el momento la propuesta y reclamado al Gobierno que financie todas las plazas de profesores necesarias.

Sí que están abiertas a aceptar el programa planteado por el Gobierno las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra), País Vasco, Cataluña y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Diana Morant.