Bruselas permite ayudas a empresas afectadas por la guerra y presenta opciones para limitar precios de energías

La Comisión Europea (CE) aprobó este miércoles un nuevo marco temporal de ayudas públicas que permitirá a los Estados miembros conceder hasta 400.000 euros a empresas afectadas por la guerra en Ucrania y compensar parcialmente el incremento de los precios de la energía.

La CE ha creado este marco temporal a imagen del que ya puso en marcha para apoyar al tejido productivo europeo durante la crisis de la pandemia de coronavirus y el objetivo es utilizar la "flexibilidad" prevista en la legislación comunitaria para que los países puedan desplegar ayudas públicas que no están permitidas en circunstancias normales.

En primer lugar, los gobiernos europeos podrán otorgar ayudas directas de hasta 35.000 euros por empresa afectada en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura y de hasta 400.000 euros en los demás sectores.

En este caso, no será necesario que la ayuda esté vinculada a un aumento de los precios de la energía, explicó el Ejecutivo comunitario, puesto que "la crisis y las medidas restrictivas contra Rusia afectan a la economía de múltiples maneras".

Además, los gobiernos podrán apoyar la liquidez de empresas a través de avales públicos, para que sigan teniendo acceso a préstamos bancarios, y préstamos con tipos de interés bonificados.

En el caso de estos dos tipos de ayuda, la Comisión ha establecido límites en relación con el importe máximo del préstamos que estarán basados en las necesidades de explotación de la sociedad, teniendo en cuenta su facturación, costes energéticos y necesidades de liquidez.

Los préstamos, además, podrán cubrir tanto necesidades de inversión como de capital circulante, precisó el Ejecutivo comunitario.

Por último, el marco temporal de Ayudas de Estado permite compensar parcialmente a las empresas por los elevados precios de la energía, especialmente a aquellas compañías que consumen mucha energía, y esta ayuda podrán concederse en diversos instrumentos, incluidas las subvenciones directas.

No obstante, la ayuda por empresa no podrá superar el 30 % de los costes subvencionables, hasta un máximo de dos millones de euros, aunque podrá estar justificada una ayuda adicional para garantizar la continuidad cuando una sociedad incurra en pérdidas.

En estas circunstancias, los Estados miembros podrán conceder ayudas de hasta 25 millones de euros para los grandes consumidores de energía y de hasta 50 millones de euros para las empresas de sectores concretos (aluminio y otros metales, fibras de vidrio, pasta, fertilizantes o hidrógeno y numerosos productos químicos básicos).

El marco temporal incluye también una serie de "salvaguardias" para proteger la unidad del mercado único y distorsiones en la competencia dentro del bloque comunitario, como por ejemplo la exigencia de que exista un vínculo entre el importe de la ayuda a una empresa, la magnitud de su actividad y su exposición a la guerra en Ucrania.

También establece criterios de subvencionalidad para definir qué empresas son consideradas grandes consumidores de energía, aquellas para las que la compra de productos energéticos representa al menos el 3 % de su valor de producción.

Limitar el precio de la electricidad en el mercado mayorista

La Comisión Europea presentó este miércoles un menú de opciones para intentar reducir los precios de la energía en la Unión Europea a corto plazo y de forma temporal, mientras ultima una revisión del mercado eléctrico a largo plazo que espera tener lista para mayo.

El Ejecutivo comunitario plantea topar el precio del gas en el mercado mayorista, compensar costes de producción de empresas que generen electricidad con combustibles fósiles, redirigir los "beneficios caídos del cielo" a los consumidores, crear un agregador que garantice un precio bajo a consumidores vulnerables o fijar un precio máximo para las empresas operando en el mercado mayorista.

La Comisión también presentó una propuesta legislativa para obligar a que los Estados miembros tengan sus almacenes de gas llenos al menos al 80 % de cara al próximo invierno y un mecanismo para poder retirar el control de los depósitos a compañías de terceros países, como la rusa Gazprom, si su comportamiento amenaza la seguridad de suministro.

El documento sobre energía presentado por la Comisión es el tercero en los últimos cinco meses, en los que el Ejecutivo, presionado por países como España, Grecia, Rumanía, Francia, Italia o Bélgica, se ha ido abriendo progresivamente a intervenir el mercado, algo impensable en Bruselas hace medio año y que sigue sin agradar a Alemania o Países Bajos.

La "comunicación" recoge ideas de algunos Estados miembros, de los técnicos de la Comisión y de académicos que están diseñadas para alimentar el debate en la cumbre europea de este jueves y viernes sobre Ucrania, en la que la energía tendrá un peso capital.

"No hay una bala de plata", avisan fuentes comunitarias, que piden que se valore con atención los diferentes riesgos fiscales y distorsiones en el mercado único que presentan cada una de las opciones.

La primera opción eléctrica pasa por crear una entidad ("agregador") que compre electricidad a precio de mercado y la revenda a un precio más bajo a los consumidores vulnerables, con la desventaja de que requiere más gasto público de países que llevan meses usando recursos para amortiguar la carestía energética.

La segunda consiste en compensar parte de los costes de la producción a las empresas que generan electricidad a partir de combustibles fósiles y la tercera plantea fijar un precio máximo en el mercado mayorista de la electricidad.

La cuarta pasa por gravar los beneficios "excesivos" de las eléctricas que generan luz barata con fuentes renovables pero que cobran el kilovatio a precio de la tecnología más cara y una variante de esta consistiría en poner un precio máximo que recibirían ciertas formas de generación, como la solar, la eólica o la hidráulica.

La última opción supondría poner un precio máximo al precio del gas en el mercado mayorista, que implicaría negociar con los grandes suministradores los volúmenes y los precios de gas que se necesitan en un sistema en el que la Comisión funcionaría como "agregador".

Cualquiera de esas opciones de carácter urgente debería ser temporal, aunque las fuentes comunitarias no precisan plazos concretos. Sí confirman que habrá que esperar a que la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) presente a final de abril un informe con una propuesta para reformar el mercado.

La Comisión propondrá en mayo un diseño revisado del mercado eléctrico, que en períodos normales facilita luz a precios asequibles y sin riesgo de apagones mientras incentiva la inversión en renovables pero que en momentos de volatilidad salvaje hace que la carestía del gas contagie artificialmente a la electricidad.

Reserva de gas

La Comisión también presentó una propuesta legislativa sobre seguridad de suministro de gas, con tres medidas clave: crear reservas de gas, controlar qué empresas gestionan esos depósitos y organizar compras conjuntas a nivel comunitario.

Bruselas, que da forma legal a ideas que ya había puesto sobre la mesa, quiere que los Estados miembros tengan al menos 80 % el 1 de noviembre de 2022 en los 160 almacenes subterráneos de gas que hay en el bloque.

Todos ellos tienen capacidad para unos 100 bcm (millardos de metros cúbicos) de los 400 bcm que consume anualmente la Unión Europea, pero algunos países no tienen depósitos en su territorio, así que la "solidaridad" será clave.

Además, los almacenes se clasificarán como infraestructuras críticas, una medida diseñada especialmente contra Gazprom, que controla la mayoría de almacenes de Alemania, Austria, Países Bajos y Chequia, y cuyos depósitos el año pasado estaban muy por debajo de los niveles de llenado de otras reservas.

Por último, la Comisión profundiza en la posibilidad de comprar conjuntamente gas natural licuado (GNL) entre varios países de la UE, siguiendo el modelo de la compra centralizada de vacunas, para evitar que pujen unos contra otros y obtener mejores precios al comprar más volumen.

La Comisión crearía una unidad dedicada a esas compras, que trabajaría en estrecha cooperación con las capitales de los Veintisiete y con las compañías energéticas.

EFE