TSJ Murcia da un paso más hacia la apertura de juicio contra el expresidente Pedro Antonio Sánchez

El instructor del caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dado un paso más en las diligencias contra el expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez tras su declaración al pedir a las partes que pidan ya la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones. Para el instructor, los hechos serían presuntamente constitutivos de delitos contra la administración pública, aunque añade que todavía es pronto "para hacer una calificación jurídica más precisa".

El auto del magistrado Enrique Quiñonero ha sido notificado apenas una hora después de que Sánchez prestara declaración en estas diligencias, cuya conclusión acuerda antes de dar al fiscal, las demás acusaciones personadas y las defensas un plazo de diez días para que se pronuncien. La resolución señala que de forma excepcional también se podrá pedir la práctica de diligencias complementarias que las partes "consideren indispensables para formular acusación".

El auto hace un relato de los contactos mantenidos por Sánchez y David Conesa, miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación y al que también se investiga en estas diligencias, para suscribir un contrato de mejora de imagen por internet que finalmente no se firmó. Esos contactos fueron mantenidos desde noviembre de 2014 con las empresas EICO on-Line y Madiva Editorial y Publicidad.

Declaración del expresidente murciano

El expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha negado este martes que contratara servicios con empresas de la trama Púnica, y ha dicho que solo se reunió en una ocasión con los representantes de esas compañías, que insistieron durante diez meses en lograr algún contrato. Sánchez ha hecho esas declaraciones a los medios de comunicación tras declarar durante aproximadamente una hora ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el marco de la operación Púnica, en la que está investigado por posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.

En concreto, según la exposición razonada de la Audiencia Nacional, donde se investiga el grueso de esta trama, Sánchez habría acordado con empresas de la trama la contratación de trabajos para mejorar su reputación en internet en 2014, cuando era consejero de Educación, y con la intención de cargar esos contratos al presupuesto de la Consejería.

Sánchez, que sigue siendo diputado y presidente del PP murciano, ha insistido en que nunca contactó con estas empresas por iniciativa propia ni se reunió en cuatro ocasiones con sus representantes, como apunta la investigación. Por el contrario, ha dicho, los representantes de las empresas mantuvieron durante diez meses una campaña "comercial agresiva" ofreciendo sus servicios y solo se encontró con ellos una vez en la que presentaron su proyecto, como se hace "con tantos otros representantes" de todo tipo de entidades.

Fuentes judiciales han indicado a Efe que la fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción venida de Madrid, Teresa Gálvez, ha tenido un destacado protagonismo a la hora de preguntar a Sánchez, con preguntas muy detalladas de las que algunas de las partes presentes en el caso han creído ver que podría estar por la vía de acusar.