Todas las claves para entender los indultos al detalle

Los indultos aprobados este martes por el Consejo de Ministros fijan un periodo de seguridad de entre 3 y seis años que condiciona el perdón obtenido por los nueve condenados por el 'procés' independentista en Cataluña a que no vuelvan a cometer delitos graves.

El periodo más alto, de 6 años, se impone al ex vicepresident Oriol Junqueras, los ex consejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; seguidos de los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, quienes no podrán volver a reincidir en   cinco años si no quieren ver invalidada su medida de gracia.

Tras estos periodos están los que se imponen al ex consejero Raül Romeva y la expresidenta el Parlament Carmen Forcadell, que se establece en 4 años, mientras que en el caso de Dolors Bassa ese periodo se fija en 3 años, el más bajo según han señalado fuentes del Ejecutivo.

Los expedientes aprobados suponen la extinción total las penas de prisión que les resta por cumplir a los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista en Cataluña -se ha perdonado por años, no por delitos- por lo que la previsión del Gobierno pasa porque su decisión pueda ser ya aplicada este mismo miércoles por el Tribunal Supremo, tras la publicación de los decretos de indulto en BOE.

Se han rechazado tres indultos por desobediencia

Sobre la diferencia de los periodos de seguridad aplicados a cada preso, las mismas fuentes señalan que responde a "una individualización" de los perdones concedidos y a que no todos los condenados tienen el mismo comportamiento, pues algunos han exteriorizado su "contumacia" en la vía unilateral, así como la participación activa en el debate político. De este modo, el Ejecutivo justifica que ha estudiado cada caso de forma individual.

El Gobierno ha estimado un total de nueve de las doce peticiones de indulto mientras que se han rechazado las de los tres condenados por desobediencia, Meritxell Borrás, Santi Vila y Carles Mundó, quienes ya pagaron las multas que se les impusieron y extinguieron su responsabilidad penal, al finalizar las penas de inhabilitación que les fueron impuestas.

Las inhabilitaciones de cargo público que se impusieron al resto de condenados, entre ellos el exvicepresident Oriol Junqueras, no se toca en la medida de gracia aprobada por el Gobierno, por lo que los líderes perdonados no podrán optar a ocupar cargos públicos hasta la fecha en la que hubieran distinguido su condena de no haber sido indultados. Su situación es la siguiente:

ORIOL JUNQUERAS: Exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC. Condenado a 13 años de prisión por sedición en concurso medial con un delito de malversación. Su inhabilitación absoluta para cualquier cargo o empleo público estará vigente hasta octubre de 2032.

RAÜL ROMEVA: Exconseller de Asuntos Exteriores y Transparencia. Condenado a 12 años por sedición y malversación. Estará inhabilitado para cargo público hasta octubre de 2031.

JORDI TURULL: Exconseller de Presidencia. Condenado a 12 años por sedición y malversación. Su inhabilitación estará vigente hasta octubre de 2031.

DOLORS BASSA: Exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Condenada a 12 años por sedición y malversación. Su inhabilitación se mantendrá hasta octubre de 2031.

CARME FORCADELL: Expresidenta del Parlament. Condenada a 11 años y medio por sedición. La pena de inhabilitación seguirá vigente en su caso hasta abril de 2031.

JOAQUIM FORN: Exconseller de Interior. Condenado a diez años y medio por sedición. La inhabilitación que aún pesa sobre él para cargo público se mantendrá hasta abril de 2030.

JOSEP RULL: Exconseller de Territorio y Sostenibilidad. Condenado a diez años y medio por sedición. Permanecerá inhabilitado hasta abril de 2030.

JORDI SÀNCHEZ: Exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual secretario general de JxCat. Condenado a 9 años por sedición. Su inhabilitación expirará en octubre de 2028.

JORDI CUIXART: Presidente de Òmnium Cultural. Condenado a 9 años por sedición. Permanecerá inhabilitado para cargo público hasta octubre de 2028.

Las motivaciones

En cuanto a las motivaciones, se incide en uno de los tres aspectos contemplados en la Ley de Indulto, el de la utilidad pública, rechazando razones de justicia y equidad.

El Gobierno reconoce en el expediente del indulto al líder de ERC, Oriol Junqueras, su actitud en la "búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña" así como el "abandono público de la vía unilateral" que ha evidenciado en varias ocasiones, según señala el Ejecutivo.

El Ministerio de Justicia asegura en la propuesta motivada que elevó y fue aprobada por el Consejo de Ministros para la concesión del indulto a Jordi Turull que, aunque el dirigente catalán no ha hecho autocrítica ni se ha arrepentido, la medida de gracia "satisface" el "bien común de España" y "se configura como una decisión estrictamente política" cuya justificación y finalidad "está por encima de intereses, razones y criterios individuales".

Los expedientes de indulto a los nueve condenados por sedición y malversación del 'procés' independentista en Cataluña inciden en que la prisión de todos ellos supone un "claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década".

La propuesta de indulto se dice "muy consciente de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017", y añade que "quienes llevaron a cabo tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también ignoraron a quienes no piensan como ellos (...). Cegados por sus objetivos políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban".

No obstante, se considera que la realidad social y política a la que ha dado lugar el encarcelamiento de los condenados afecta indudablemente a esa convivencia democrática entre catalanes, "condicionando negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto existente".

Por ello, el análisis del Gobierno pasa por reflejar "la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana y que irradia sus efectos sobre el conjunto de España", así como "la polarización del espectro político catalán en torno al eje independencia/no independencia".

El Ejecutivo reivindica que, en base a la experiencia política de estos últimos años, "el diálogo es la única vía eficaz para la superación de las diferencias que ponen hoy en riesgo la convivencia entre los catalanes, y entre Cataluña y el resto de España".

AGENCIAS