Recta final para que los ayuntamientos decidan
Esta madrugada se cumple el plazo de 48 horas que había dado el Govern a los Ayuntamientos catalanes para que confirmen si cederán o no espacios que sirvan de colegios electorales en el referéndum ilegal del 1 de octubre. De momento, 642 ayuntamientos han dicho que ya han notificado que sí lo harán, representan el 41,3% de la población catalana. Girona es la única capital de provincia que se ha posicionado a favor de la votación, y entre las más pobladas, Sabadell, Reus o San Cugat del Vallés. La mayoría lo han expresado en forma de decreto.
Los consistorios que ya han asegurado que no cederán sus instalaciones son, 15, pero con bastante población entre las que están Barcelona, Tarragona y Lleida junto a otras 12 localidades que acogen al 38,5% de los catalanes. En total son cerca de 950 municipios en la Comunidad, más de 650 ya se han pronunciado y casi 300 están pendientes de hacerlo.
La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de no ceder espacios para la celebración de la consulta independentista en la ciudad condal, encendió la mecha de la confrontación entre los que apoyan el procés y quienes se están mostrando en contra en esta recta final. Anoche varios ciudadanos a favor de la independencia se concentraban en la plaza del Ayuntamiento de Barcelona tras conocer su postura. Por su parte la Generalitat ha lanzado en estos últimos días un spot llamando a la participación, iniciativa que también ha secundado la CUP, en el que ya miran hacia la República Catalana.
Mensaje que ha defendido el presidente Carles Puigdemont, que avisaba que pese a la amenazas recibidas y las querellas hay "más voluntarios, más ayuntamientos comprometidos y más determinación del Govern" en lo que defiende que es su derecho al voto. De momento unos 16.000 voluntarios están dispuestos a apoyar el referéndum del 1 de octubre.
Mientras los pasos del Gobierno central van detrás de los recursos de inconstitucionalidad y recursos legales del Estado, el propio referéndum ya ha sido decretado como ilegal por el Tribunal Constitucional. Otro paso que se espera, cuando ya esté publicado en el Diari Oficial de la Generalitat la ley de Trasitoriedad, el gobierno de Mariano Rajoy presentará un recurso nuevamente ante el Tribunal Constitucional. Durante un foro del Partido Popular, el presidente del Gobierno ha mostrado su apoyo a los diputados de la oposición del Parlament al ser "pisoteados en sus derechos" y ha trasmitido su apoyo a los alcaldes señalando que "tienen detrás al Estado".
