El Gobierno plantea más medidas para paliar la brecha de género en la pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal se reúnen este lunes para seguir negociando la reforma de pensiones después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya propuesto una polémica ampliación del periodo de cálculo de las pensiones desde los 25 años actuales hasta un total de 30, con el descarte de los dos peores años de cotización.

Este lunes se han puesto sobre la mesa nuevas medidas para reducir la brecha de género en las pensiones, entre ellas un incremento adicional del complemento de maternidad entre 2024 y 2025.

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste actualmente en una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primero y hasta un máximo de cuatro y se suma a la pensión.

Junto a esto, el Gobierno ha llevado a la mesa un "refuerzo" de la cobertura de lagunas -periodos en los que no se ha cotizado- elevando hasta el 80 % de base mínima entre los meses 49 (4 años) al 72 (6 años) a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo.

También se propone una mejora de la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos.

Desde CCOO han señalado que el avance en estos temas de brecha de género ha sido "insuficiente" y que aún no se han abordado otros temas como el de las pensiones mínimas.

En relación con el periodo de cálculo, desde CCOO señalan que el Gobierno ha insistido en su propuesta y ha vuelto a obtener la misma respuesta de los interlocutores sociales.

La mesa ha quedado en reunirse en los próximos días.

Extender el cómputo del cálculo a los 30 años

El Ministerio de Seguridad Social ha detallado a los agentes sociales algunas cifras del impacto que tendría su propuesta. De acuerdo con sus cálculos, extender el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, eliminando los dos peores, "protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales", lo que cada vez se da con mayor frecuencia.

La propuesta que el Ministerio de Escrivá contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión en un plazo de 12 años, a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Al final de esos 12 años, el periodo de cálculo sería ya de 30 años.

En 2027 el cálculo de pensiones sería de 25 años y cinco meses

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que supuestamente arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, éste alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, con lo que la pensión se calcularía con 28 años de cotización.

De momento, los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo alegando que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. 

Subida de pensiones mínimas

Asimismo, en el documento que se presentó a los agentes sociales hace unos días, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

Los sindicatos sí se han mostrado conformes con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad.

La CEOE, por su parte, ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta segunda fase de la reforma de pensiones. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado partidario de convocar la Comisión del Pacto de Toledo para ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años. 

Los tiempos también entran en juego ya que el objetivo de Escrivá es tener publicado un real decreto ley con los cambios en el BOE antes del 31 de diciembre.

Aunque se trata de hitos comprometidos con Bruselas para este año, en otros temas, como el nuevo sistema de cotización de los autónomos, los plazos se han podido extender algunas semanas en aras de consensuar los cambios.

Junto a estos dos temas centrales de la negociación, sobre la mesa están otras medidas para reducir la brecha de género en las pensiones.