Diez procedimientos abiertos por corrupción entre abril y junio, uno en C-LM

Diez procedimientos abiertos, uno en Castilla-La Mancha por corrupción durante el segundo trimestre de este año. Una cifra inferior a la registrada en el primer trimestre, que cerró con 119 personas --85 físicas y 34 jurídicas, frente a las 59 entre junio y septiembre, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Castilla-La Mancha registró uno de esos procedimientos. 

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023.

Según el desglose, Andalucía acumuló el mayor número de procedimientos: 5, que derivaron en 24 personas físicas acusadas y 5 personas jurídicas. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 2 procedimientos, 12 personas físicas acusadas y 2 jurídicas. En Madrid consta un procedimiento con 10 personas físicas y 3 jurídicas. Castilla-La Mancha y Castilla y León cuentan con un procedimiento cada una, relativo a una persona física y una jurídica en cada caso.

Entre los datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces también se incluye el número de sentencias dictadas, que en esta ocasión alcanzó los 20: 13 fueron condenatorias y 7, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 65% de los casos. 

Desde el órgano de gobierno de los jueces explican que la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.