Lesmes califica de "insostenible" la no renovación del poder judicial

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha tildado de "insostenible" la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que ha pedido a "las fuerzas políticas concernidas" que saquen a la institución de la "lucha partidista" y actúen con "patriotismo constitucional" para alcanzar un acuerdo en las próximas semanas.

En su discurso durante el acto de apertura del Año Judicial, que ha presidido el rey Felipe VI, Lesmes ha recordado "que la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución".

"Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas (Congreso y Senado), sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento", ha añadido el presidente del CGPJ y del Supremo.

Lesmes por indultos procés

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha criticado este lunes los argumentos que se dieron para defender los indultos a los condenados por el "procés" y ha recalcado que la Justicia no es ni ha sido nunca un "obstáculo para la paz" ni actúa por "revancha" o por "rencor".

Lesmes ha hecho esta defensa de la independencia judicial en su discurso durante el acto de apertura del Año Judicial, en el que ha lamentado que desde la política se cuestione la labor de la Justicia cuando sus decisiones "se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado”.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha hecho expresa mención a esa medida de gracia aplicada este verano a los condenados por el proceso de independencia de Cataluña y a los argumentos que se esgrimieron para justificarla desde el Ejecutivo, que contrapuso "la concordia frente al resentimiento".

"Como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas", ha advertido Lesmes, quien ha rebatido que esa visión no tiene nada que ver con la realidad.

Porque -ha dicho- los jueces actúan "con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole" y su acción "no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor".

"Juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”, ha afirmado antes de recordar que la Justicia "no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos".

Lesmes ha defendido en concreto el trabajo del Tribunal Supremo, autor de la sentencia de la causa de "procés", y "su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento".

Memoria de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal interpuso 27 denuncias en 2020 vinculadas a la gestión de las residencias de mayores. Incoó 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 continuaban en tramitación al finalizar el año. Se incoaron también 441 diligencias de investigación; 221 seguían abiertas al cierre de 2020.

Así se refleja en la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ha presentado este lunes la fiscal general Dolores Delgado en el marco del acto de la apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo con la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

El Ministerio Público precisa en su dossier que Delgado, en coordinación con el Fiscal de Sala de lo Civil, "fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de mayores". Según consta en la Memoria, la primera orden se dio el 18 de marzo de 2020, cuando se informó a todos los fiscales superiores de que debían remitir "de forma periódica y centralizada" toda la información disponible relativa a centros geriátricos y sociosanitarios.

Posteriormente se emitieron dos decretos: uno de 23 de marzo, por el que se incoaron diligencias de investigación "a fin de determinar la relevancia de los hechos, comisionando al Fiscal de Sala para recabar la información precisa"; y uno de 31 de marzo, por el que se constató la incoación de diligencias de investigación en diversas fiscalías provinciales y se archivaron las abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, "manteniéndose con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación de la dación de cuenta".

Según explica la FGE, durante 2020 los fiscales de Sala asumieron, a través de la emisión de oficios, informes y notas internas, la función de "colaborar en la unificación de criterios mediante las redes de fiscales delegados de las fiscalías provinciales".

En el marco de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, desde el 17 de abril la Fiscalía General fue "informando puntualmente y con carácter semanal a la sociedad en relación con el alcance y estado de la actividad, tanto de las diligencias civiles de protección como de las diligencias de investigación penal existentes en las fiscalías provinciales" relativas a la gestión de las residencias de mayores.

La Memoria de la FGE subraya que la actividad del departamento durante la crisis sanitaria ha sido "muy intensa" y ha intentado "garantizar la continuidad en la prestación de servicio público de la Justicia", así como la "salud y seguridad de los miembros del Ministerio Fiscal".

Delgado defiende que "la respuesta no sólo fue temprana, sino también pionera" y recuerda que el 9 de marzo se constituyó el comité de prevención del coronavirus "con la finalidad de evaluar la situación".

"Por Decreto de 10 de marzo, tras consultar con las instituciones sanitarias y el resto de operadores jurídicos implicados, la Fiscal General adoptó las primeras medidas extraordinarias y urgentes para enfrentar la situación de pandemia", señala el Ministerio Público en la Memoria, donde destaca que desde entonces y hasta el 3 de junio la FGE dictó 11 Decretos mediante los que fijó los servicios esenciales y el personal mínimo para su atención, acordó la fecha de alzamiento de los plazos procesales y ordenó la reincorporación de los fiscales a la "nueva normalidad".