El Gobierno aprueba un Real Decreto para reforzar la transparencia de la Casa Real

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado hoy que el Tribunal de Cuentas auditará las cuentas de la Casa Real, que deberá publicar la ejecución presupuestaria en su web cada tres meses.

Además, se deberán publicar todas las contrataciones y los altos cargos de la institución también deberán hacer pública su declaración de bienes.

Algunos de ellos deberán ser funcionarios públicos como el interventor general o el Consejero Diplomático.

Estas obligaciones forman parte del Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno con el fin de dar transparencia y modernizar la Casa Real española que ahora, según el ministro, se homologa a los más altos estándares de las casas reales europeas.

Según Bolaños, este Real Decreto es el fruto del trabajo de meses entre el Ejecutivo y la Casa Real y que se ha "intensificado" en las últimas semanas.

Esta medida ha venido acompañada de otro hecho en el día de ayer con la publicación de su patrimonio por parte del Rey Felipe VI.

Principales puntos del Real Decreto

Según Bolaños, el Real Decreto cuenta con tres bloques:

Transparencia

Aprueba una nueva regulación de la contratación y los procedimientos de Casa Real en la misma.

Así, se introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones, respetando la autonomía presupuestaria de Casa Real pero también de todos los principios que rigen la contratación pública en España.

Estas nuevas instrucciones de contratación se tendrán que publicar obligatoriamente en la web de Casa Real.

También, se contempla la obligatoriedad de que las cuentas de Casa Real serán auditadas por el tribunal de Cuentas. Para ello, se suscribirá un convenio de colaboración con el Tribunal y será una auditoría externa que verificará que las cuentas y la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera.

Además, se establece que la información de las cuentas se publicará de manera periódica en la web, tanto los presupuestos como la ejecución trimestral de los mismos, así como todos los contratos suscritos, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades de la Casa.

Eficiencia en el servicio público

El ministro de Presidencia ha explicado que una de las primeras medidas para la coordinación entre las Administraciones y la Casa del Rey será la celebración de convenios de colaboración con la Abogacía General del Estado con el fin de tener asesoramiento jurídico y, también, la posibilidad de realizar convenios de colaboración con distintos órganos de la administración.

Algunos ya están en vigor como el realizado con la Secretaría de Estado de Comercio.

Además, algunos servicios se vincularán a la función pública.

En este sentido, la dirección de la oficina de la intervención de Casa Real será ejercida por un funcionario del cuerpo de Interventores del Estado y también el consejero diplomático será un miembro de la carrera Diplomático. Es decir, "se apuesta por la función pública", ha apostillado Bolaños.

También se da rango legal a la asistencia sanitaria a Casa Real que es prestada por la Guardia Real por un convenio del Ministerio de Defensa y ahora se incorpora al ordenamiento a través de este Real Decreto.

Ejemplaridad

Se prevé que los integrantes de la Casa Real deben ejercer sus funciones con arreglo al código de conducta de la Casa del Rey. Es decir, que deben velar por los intereses generales y basarse en los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, austeridad, honradez y de protección del medio ambiente e igualdad entre hombres y mujeres.

También los altos cargos de la Casa del Rey deberán publicar su declaración de bienes, tanto en el nombramiento como en el cese, al igual que el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado.

En cuanto a los regalos, estos serán inventariados y custodiados con el fin de estudiar si permanecen en la Casa o pasan a Patrimonio Nacional o se donan a entidades sin ánimo de lucro.

Felipe VI hace público su patrimonio personal: 2,57 millones de euros

Este Real Decreto se ha realizado un día después de que el Rey Felipe VI hiciera público, "por decisión personal", un patrimonio personal por algo más de 2,5 millones de euros en línea con sus esfuerzos de modernización de la Corona y convicción de que es necesaria una regeneración de la vida pública, según informó Zarzuela.

La medida se anuncia casi dos años después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestara el 10 de julio de 2020 que era partidario de suprimir la inviolabilidad del Rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución.

Lo indicaba así al hilo de las informaciones sobre el dinero recibido en el extranjero por el Rey emérito Juan Carlos I.