Delegado del Gobierno en Madrid: No había ningún elemento para prohibir el 8M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha declarado este miércoles como imputado ante la jueza que investiga el 8M, que ha mantenido su declaración a pesar de los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la causa.

Franco, ha señalado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y a preguntas de la propia magistrada, que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid.

Durante su declaración como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, el dirigente socialista -es secretario general del PSOE en Madrid-, ha contestado a las preguntas que le han realizado todas las partes presentes en la diligencia judicial, reiterando en varias ocasiones que él no es competente en materia de sanidad, por lo que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del covid-19.

Al término de su declaración ante la magistada, y a preguntas de los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del edificio de los juzgados de Madrid, el delegado del Gobierno ha señalado que "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación feminista, y su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos en la evolución del covid-19.

⚖️José Manuel Franco, delegado del Gobierno en #Madrid, se defiende ante la juez del #8M2020 y afirma que actuó conforme a la ley y bajo los criterios de los expertos.

A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

Investigado por permitir manifestación 8M

Así, Franco declarará a partir de las 15:30 horas ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, investigado por un presunto delito de prevaricación al permitir la manifestación del Día de la Mujer y otros eventos a pesar de los casos de coronavirus conocidos ya en esa fecha.

Acto seguido comparecerán como testigos el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Abogacia del Estado y Fiscalía pedían archivar la causa del 8M

La magistrada rechazó ayer martes los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones.

"No puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada", sostiene en el auto en el que desestima la impugnación de tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo de este año en las que, entre otros asuntos, rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.

Los informes

A la misma vez se conoció el informe del forense adscrito al juzgado de la causa, que concluye que se debería haber impedido esa manifestación y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la "gravedad" de la situación de la epidemia pero la minimizaron.

También el martes la Abogacía del Estado pidió archivar la investigación al estimar que no se ha encontrado "el más mínimo indicio delictivo" y que José Manuel Franco actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado.

En ese escrito la Abogacía vuelve a cargar contra la jueza y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.

La Abogacía sigue la misma línea que la Fiscalía, que solicitó poco antes el archivo de la investigación, ya que no se dan las circunstancias para acusar a Franco de ese delito, ni por acción ni por omisión, entre otras razones porque el delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria ni de salud pública.

Franco, único investigado

José Manuel Franco es el único investigado en la causa, que lleva semanas acaparando la atención mediática tras los informes de la Guardia Civil enviados a la titular del juzgado que conllevaron el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.

El cese del coronel conllevó la dimisión del DAO del instituto armado, Laurentino Ceña, y a continuación Marlaska cesó al número tres del Cuerpo, el teniente general Fernando Santafé. Todo ello provocó duras críticas por parte de la oposición, que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tras la declaración del delgado del Gobierno en Madrid la titular del Juzgado de Instrucción 51 tomará declaración el jueves como testigos a ocho personas entre trabajadores de la Delegación y promotores de manifestaciones que iban a tener lugar en fechas próximas al 8 de marzo pero que fueron suspendidas por motivo sanitarios, según un informe enviado por la Guardia Civil al juzgado.

La magistrada ha rechazado en dos ocasiones actuar contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

EFE/EUROPA PRESS