Claves de la Estrategia de Salud Mental, aprobada por el Gobierno

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Complejo de La Moncloa, a 3 de diciembre de 2021, en Madrid (España). Durante el Consejo de Ministros se ha aprobado la Estrategia de Salud Mental del

Moncloa aprueba la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud con vigencia hasta 2026

Susana Palomo Gómez
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La Estrategia de Salud Mental que impulsa este viernes el Gobierno, avalada por las comunidades autónomas, actualiza la de 2009 e incluye el trabajo y el entorno laboral como uno de los principales determinantes de la salud mental de las personas, además de herramientas para la prevención del suicidio, y por primera vez se aborda con perspectiva de género.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha presentado al Consejo de Ministros esta estrategia, dotada con más de 675 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación de la UE, y que estará vigente entre 2022 y 2026.

El documento recoge un epígrafe específico sobre el trabajo en época de pandemia. El teletrabajo, el empleo de las tecnologías de información y comunicación, el mayor volumen y velocidad de información, el aumento de la externalización y la subcontratación -argumenta- son algunos de los "aspectos clave".

Tras las enfermedades osteomusculares, la segunda causa de baja laboral, temporal y permanente, son los problemas de salud mental; la incidencia del acoso laboral en España es de entre un 1,4 y 2,9 % -el 2,7 % en Europa-; y el coste económico anual del estrés laboral en Europa se estima en 20.000 millones de euros.

Por ello, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud pone el acento en la mejora de los entornos laborales desde un triple enfoque: reducir los factores de riesgo, desarrollar los aspectos positivos y las cualidades y capacidades de los empleados y tratar de solucionar los problemas de salud mental con independencia de su causa.

Las líneas de acción serán las siguientes:

Autonomía y derechos

El Gobierno se compromete a garantizar la autonomía y la independencia de las personas con problemas de salud mental, a erradicar la discriminación y favorecer la inclusión social. Intentará "reducir al mínimo las intervenciones involuntarias sobre personas con problemas de salud mental" y buscará su progresiva eliminación.

La estrategia recomienda implantar un registro del uso de las contenciones y prácticas coercitivas y hacer un seguimiento de su evolución y su impacto con el objetivo de reducirlas.

Prevención

Disponer de un plan integral para la prevención de los trastornos mentales es una de las principales recomendaciones a las administraciones, a las que invita a realizar estudios del "impacto en la salud", tanto física como mental, de los proyectos que requieran una declaración de impacto ambiental.

Prevenir el estrés laboral, el acoso y los trastornos mentales asociados al trabajo es otra de las líneas que se señalan en prevención, además de proteger la salud mental en colegios o centros penitenciarios.

El suicidio

Alrededor de un 80 o un 90 % de los suicidios se asocian al trastorno mental, y las conductas suicidas constituyen uno de los problemas más importantes de salud pública en Europa y el mundo, que, para ser afrontado, requiere una detección precoz.

La estrategia plantea dotar a los profesionales de herramientas para identificar las conductas suicidas, promover el seguimiento clínico e implantar un código de riesgo en las historias clínicas.

Propone garantizar que el informe de alta llegue al médico de Atención Primaria y al Centro de Salud Mental para asegurar la continuidad de los cuidados y ofrecer a las familias recursos de actuación en caso de un nuevo episodio, así como apoyo psicológico urgente en el caso de fallecimiento de un familiar. Como objetivo también apunta desarrollar una red de atención telefónica eficiente, coordinada e integrada" en casos de riesgo.

Atención individual

"La atención a la persona con problemas de salud mental implica el desarrollo de un conjunto de servicios adecuados a las diversas necesidades singulares de cada persona. Para ello hay que tener en cuenta las características, orígenes, intensidad del sufrimiento psíquico, el contexto y los diversos factores que influyen sobre la salud y su dificultad", por lo que se pide poner en el centro las necesidades individuales de cada enfermo.

Infancia y adolescencia

"La atención a la salud mental en la etapa de la infancia y la adolescencia representa una prioridad para todos los agentes sociales", asegura el documento, que pone el foco en la prevención y la detección precoz.

Se marca como objetivos: promover la protección y accesibilidad al apoyo de la salud mental en el ámbito educativo; diseñar actuaciones para sensibilizar y prevenir el abuso de las tecnologías y las conductas adictivas sin sustancias (ciberadicción y ciberacoso), o incluir programas de prevención en entornos familiares disfuncionales para identificar situaciones de abuso, violencia, maltrato o vulnerabilidad.

Intervención familiar

"Las actividades de intervención familiar contemplan a la familia y su entorno como elemento activo en la recuperación psicosocial de la persona con problemas de salud mental", plantea el Ministerio, que reconoce la necesidad de que los familiares y allegados del enfermo tengan información, asesoramiento y recursos. Además, se promoverá el cuidado y la atención del enfermo en el propio domicilio y se garantizará el acceso de las familias a equipos de atención domiciliaria.

Coordinación

Las personas con problemas de salud mental pueden presentar necesidades para cuya cobertura se requiere del aporte de otros ámbitos externos al de la salud; por ello se aboga por una eficiente cooperación entre profesionales, instituciones y sectores.

La estrategia plantea el desarrollo de programas transversales y específicos en los que participen otros organismos, organizaciones y redes asociativas, y coordinar los recursos públicos de todos estos agentes.

Participación de la ciudadanía

En este apartado propone facilitar la participación de los agentes sociales y representativos en las estrategias de salud mental; establecer en cada comunidad mecanismos de participación de los movimientos asociativos, las sociedades científicas y profesionales de este ámbito en el diseño, planificación y evaluación de los servicios.

Formación

El conocimiento de los profesionales, tanto de salud mental como de atención primaria, acerca de las diferentes terapias o el uso de medicamentos requiere un modelo de formación que el borrador propone que se centre en la persona y en el fomento de su autonomía y sus derechos.

Y plantea promover una formación específica de los profesionales de la salud mental, también fuera del ámbito profesional sanitario como servicios sociales, educación, justicia, trabajo, instituciones penitenciarias y medios de comunicación.

Investigación, innovación y conocimiento

Como principales objetivos propone establecer líneas de investigación interdisciplinarias en salud mental, incorporando la perspectiva de género en todas ellas y desarrollando estudios sobre los factores socio-familiares de estas personas.

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