El acoso por aborto es delito: "En Castilla-La Mancha no hay ni un centro público que gestione estas interrupciones"
MADRID, 06/04/2022.- Miembros de la plataforma provida Derecho a vivir se concentra en las inmediaciones del Senado, que previsiblemente aprueba este miércoles la ley que penalizará el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas donde se practican abort
Se penaliza el acoso a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales. dese este jueves este acoso a mujeres y profesionales es delito y se castiga con penas tres meses y hasta un un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.
La reforma del Código Penal, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien "obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y acose a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".
También quien acose a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, ante los que suelen concentrarse miembros de asociaciones provida.
Para perseguir este acoso no será necesaria la denuncia de la persona agraviada y, según la gravedad del caso, el tribunal podrá imponer también al condenado la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de entre seis meses y tres años.
En la ley se destaca que se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pidió asegurar la confidencialidad de las mujeres que deciden abortar, y se recoge un informe de 2018 de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo que alertaba de que miles de mujeres se habían visto "increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo" al acudir a esos centros.
Norma positiva aunque para algunos, insuficiente
Esta penalización del acoso por aborto ha sido valorado de manera muy positiva en Radio Castilla-La Mancha por Rosario Martínez, responsable regional de Igualdad y Mujer de CC.OO. en Castilla-la Mancha.
"Se estaba coartando la libertad de elección de mujeres e iríamos un paso más en Castilla-La Mancha. No hay ni un centro público donde se esté gestionando las interrupciones de embarazo y es necesario que las mujeres castellanomanchegas tengan este recurso en la sanidad pública", ha explicado Martínez.
La ley considera imprescindible garantizar una zona de seguridad para llevar a cabo el aborto voluntario. Una medida que para algunos colectivos se queda corta.
La norma fue impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y Vox.
Agencias / CMM