TRIBUNAL SUPREMO
El fiscal jefe de Toledo niega haber obligado a una fiscal a trabajar de baja por embarazo
Se le sancionó con 1.500 euros por infracción grave, aunque la denunciante estaba de baja por embarazo de alto riesgo
El fiscal jefe, Antonio Huélamo, en rueda de prensa.
El fiscal jefe de Toledo, Antonio Huélamo, ha negado en el Tribunal Supremo haber obligado a trabajar a una subordinada durante su baja por un embarazo de riesgo.
Huélamo ha testificado en el marco de una demanda que presentó una fiscal, que le acusa de obligarla a trabajar pese a estar de baja, para tratar de revocar una sanción de 1.500 euros que se le impus por retrasos en la tramitación de asuntos.
En la vista, el fiscal jefe de Toledo ha negado que el 17 de junio de 2021, cuando ella le comunicó su baja efectiva al día siguiente por embarazo, le ordenara que siguiera trabajando en su casa durante la baja hasta tener por terminadas todas sus cuestiones pendientes.
El fiscal le pidió que dejara su trabajo "actualizado" antes de irse de baja
Al respecto, ha explicado que le dijo "varias veces" que "en la medida de lo posible" dejara "su trabajo lo más actualizado posible" pero solo "hasta que entrara en vigor su baja", es decir, que "atendiera lo que pudiera" aquella tarde noche desde su casa.
Huélamo ha precisado que "esa noche no estaba de baja" y que "si le quedaban x asuntos podía despacharlos en la tarde" hasta que su baja entrara en vigor al día siguiente, nunca durante la misma.
Durante la vista se ha escuchado una grabación aportada por la fiscal recurrente que recoge el encuentro del 17 de junio de 2021, del que un perito ha validado su autenticidad.
Sin embargo, el fiscal jefe ha dicho que no estaba en condiciones de saber si esa era o no su voz. "No estoy en condiciones de saber si es mi voz, para mí es completamente imposible".
El abogado del Estado defiende la sanción
En declaraciones a los medios, el abogado del Estado que defiende la sanción impuesta por Fiscalía ha explicado que previamente hubo "algún desencuentro suave" que ha derivado en "un malentendido absurdo" y que los problemas en la sanción "se deben solo a una demora en los asuntos" previa a su baja, que es lo que la Sala tiene que resolver, si la sanción fue proporcionada.
Por su parte, el abogado de la fiscal Juan Antonio Frago ha dicho que el fiscal jefe "ha mentido" al no reconocer su voz en la grabación, en la que Huélamo le "da la orden en más de treinta ocasiones de dejar limpio su despacho de dictámenes y ejecutorias" y que "tiene que seguir haciéndolo desde casa", que "es una cuestión de pura lógica" pese a que ella le responde que es "ilegal".
La fiscal recurrió ante el Supremo la multa de 1.500 euros por infracción grave por retrasos en la tramitación de asuntos que el fiscal general del Estado le impuso en 2022 tras el expediente disciplinario que se le abrió. Pide que se anule y se le devuelva el importe.
En su demanda, la fiscal relata en su demanda que su jefe, a quien acusa de "acoso por razón de género", le "conminó" a seguir trabajando en casa hasta que despachase todos los asuntos que tenía pendientes y que, tras insistir ante la Inspección fiscal, este órgano emitió un documento dirigido a Huélamo en el que precisaba que la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes.
Según la demanda, Huélamo informó en julio de 2021 de unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales por la fiscal, cuando hasta entonces esta no había recibido queja sobre su trabajo, y subraya que se la asignó un juzgado "con tal sobrecarga de trabajo que acabó minando" su salud.
Como consecuencia de esos supuestos retrasos, a la fiscal se le abrieron unas diligencias informativas que acabaron en un expediente disciplinario y posteriormente en una sanción de 1.500 euros.
Los magistrados han admitido las pruebas documentales, periciales y testificales propuestas por la fiscal recurrente, incluida la declaración del fiscal jefe de Toledo, su secretaria y el delegado de Prevención de Riesgos Laborales de Toledo..
El asunto llega al alto tribunal después de que la fiscal acudiera a esta instancia con el objetivo de que se anule la citada sanción por infracción grave, que se le devuelvan los 1.500 euros de la multa fijada y que se declare que se vulneraron sus derechos.
En el recurso la fiscal denuncia "una gravísima situación de acoso por razón de género" contra dicha fiscal, que habría comenzado en junio de 2021, cuando acudió al despacho de Huélamo para informarle de que el médico le había dado una baja por embarazo de alto riesgo.
Según el recurso, "una vez recibida la noticia", la conminó a "seguir trabajando en su casa, a fin de despachar su lote, pese a dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y con pleno conocimiento de que la orden dada era absolutamente ilegal".
Según el recurso, "una vez recibida la noticia", la conminó a "seguir trabajando en su casa, a fin de despachar su lote, pese a dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y con pleno conocimiento de que la orden dada era absolutamente ilegal".
En respuesta, la fiscal envió al día siguiente un correo electrónico a la Inspección Fiscal, dado que "no entendía por qué debía trabajar estando de baja". La inspectora jefe contestó con un documento que tenía como destinatario a Huélamo donde "se va por las ramas" señalando que "la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes", así como "el deber de trabajar con prontitud y eficacia".
Poco después, ya en julio de 2021, "con una conexión temporal total", Huélamo comunica "unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales" por parte de la fiscal, "cuando hasta la fecha nunca había tenido queja del trabajo desempeñado por la misma".
