Huelga de la plantilla de Cocemfe Toledo Servicios por impago de nóminas

Las cerca de 120 personas que integran la plantilla de Cocemfe Toledo Servicios inician este jueves una huelga indefinida para reclamar el cobro de las dos mensualidades que le adeuda la empresa, que lleva más de dos años retrasando el pago de los salarios.

A todo ello se suma el despido de 44 personas esta misma semana. El presidente del comité de empresa de CTS, Javier García, ha denunciado que estos trabajadores llevan "malcobrando 24 meses".

Los huelguistas se han concentrado ante el centro especial de empleo, en el polígono industrial de Toledo, donde García ha hecho una valoración positiva del seguimiento de la huelga, aunque sí ha lamentado que haya empleados que acudiesen a trabajar a la nave de Olías del Rey y también al centro de trabajo de un cliente en Ajofrín, ambos en la provincia de Toledo.

El presidente del comité de empresa lo ha achacado a que hay "mucho miedo y mucha necesidad" tras el anuncio de despido de 44 personas.

Desde el sindicato convocante aseguran que la situación de los trabajadores es "desesperada" y "no pueden aguantar más" porque llevan dos meses sin cobrar, agosto y septiembre, y julio lo cobraron la semana pasada gracias a las gestiones que ha realizado CCOO con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para desbloquear la situación financiera.

Con la convocatoria de huelga quieren exigir una solución inmediata a su situación, lo que pasa por el abono de las cantidades que se les adeudan o por que la empresa, si realmente no es viable, libere a los trabajadores para que puedan llevar a cabo las acciones judiciales que crean oportunas y acudir al desempleo para tener algún ingreso.

De hecho, ha apuntado que 83 trabajadores demandaron por vía judicial hace meses la rescisión de sus contratos para poder marcharse.

La huelga estaba convocada desde antes del verano, pero se aplazó para ver si la empresa cumplía los compromisos de pago o el proceso de negociación para abrir la posibilidad de que gran parte de la plantilla fuera subrogada por otro centro especial de empleo.

Además, Pérez ha tildado de "escándalo" la utilización de los trabajadores con discapacidad por parte de muchos de estos centros con ánimo de lucro, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la Junta de Comunidades por su obligada labor de vigilancia y fiscalización de las ayudas públicas que concede a dichos centros.