Publicada la ley de integridad pública de Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este martes la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, que introduce novedades como la regulación de los conflictos de interés, informes sobre la evolución del patrimonio de los altos cargos o la obligación de presentar una declaración responsable al tomar posesión del cargo.

La norma otorga un papel clave a la Oficina de Integridad como órgano de prevención, impulso, control de la integridad y como el organismo de vigilancia.

Entre sus funciones de la Oficina de Integridad como órgano de prevención, control de la integridad y organismo de vigilancia.

Este nuevo texto establece nuevas obligaciones a los altos cargos, como la  obligación de presentar, en el momento de la toma de posesión, una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública. Esta declaración se unirá a las de actividades, bienes y rentas que se vienen ya realizando.

Además, durante los dos años siguientes tras su cese, los altos cargos tendrán que comunicar las empresas con las que se va a establecer relación laboral, para que la Oficina de Integridad pueda comprobar que esa actividad privada es compatible con el ejercicio del cargo público anterior. 

También se crea una prestación por inactividad laboral, el asunto más criticado por el grupo Parlamentario Vox porque supone que aquellos miembros del Consejo de Gobierno y otros cargos públicos tengan derecho a cobrar una prestación por inactividad laboral cuando cesen en sus funciones  y no puedan reingresar en su puesto de trabajo previo al nombramiento. 

También recoge la regulación de los procedimientos relacionados con el impulso y garantía de la integridad pública, incluido el régimen de infracciones y sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta norma.

La nueva norma incluye una definición más clara de lo que se entiende por alto cargo, en los que están incluidos los miembros del Consejo de Gobierno; los órganos directivos de asistencia y apoyo; también todas las personas que, o bien son presidentes o directores generales de cualquier ente público que forma parte del sector regional; y todas aquellas personas que tengan un contrato de alta dirección o que sean personal directivo.

Además, otra de las grandes novedades de la ley es la regulación del conflicto de interés, ya que se determina que un cargo público debe abstenerse en una decisión o procedimiento administrativo cuando el interés general esté contrapuesto con algún tipo de interés privado o interés personal.

En cuanto a las sanciones por incumplimientos, si las infracciones se tipifican como muy graves, se encuentran el cese inmediato, la devolución, en su caso, de lo indebidamente percibido, la inhabilitación para ocupar cargos públicos o similares en  cuatro años y la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del nombre de los infractores y la infracción cometida.

Esta ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el DOCM.