Page pide un Pacto de Estado para gestionar la llegada de menores migrantes

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliao García-Page, ha sugerido la puesta en marcha de un Pacto de Estado con participación de las comunidades autónomas para establecer la estrategia de cara a gestionar la continua llegada de personas menores de edad en situación irregular al país, un acuerdo en el que se contemple qué financiación otorgará el Estado a las autonomías para garantizar el mantenimiento del plan más allá de la llegada de los migrantes.

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, García-Page ha exigido además arreglar la situación "sin controversia ética", subruyando que lo importante no es que el Estado "ponga solo dinero para un año", ya que hay que poner dinero "hasta que los menores sean mayores de edad".

Lo que tendrán que hacer las regiones desde este punto es "incorporarlos al sistema y no en centros aparte", y sin olvidar de que hoy por hoy Canarias "no puede mantener una situación tan límite".

Pendientes del informe sobre la posible "inconstitucionalidad" de la Ley de Amnistía

En esta entrevista, García-Page ha explicado que siguen pendientes del informe del Consejo Consultivo relativo a un posible recursos contra la Ley de Amnistía ante el Constitucional. 

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha mostrado "convencidísimo" de que se planteará ante los tribunales europeos una cuestión prejudicial a la Ley de Amnistía, lo que condicionaría los plazos del Tribunal Constitucional, en caso de que se formalice un recurso de inconstitucionalidad.

"A mí me gustaría poder recurrir y poderlo plantear, desde luego, siempre dentro de plazo", ha afirmado García-Page, que ha señalado que la dinámica de los procedimientos tiene "importancia" y en este caso, pasa por ver si se materializará o no una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cualquier caso, y ante la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y a otros líderes independentistas, ha avalado este planteamiento y ha recordado que su rechazo a la norma a la ley de amnistía es anterior, de forma que se opone a la norma porque, con independencia de si es constitucional o no, "es consecuencia de una chantaje, compraventa legítima si se quiere, pero con unas bases más que discutibles desde el punto de vista moral por parte de los independentistas".

Con todo, ha augurado que la legislatura no agotará los tres años que le restan, aunque ha admitido que no tiene "la más mínima idea".