Page, contento con la cumbre de Santiago y el acuerdo sobre financiación que "aporta y suma"
Castilla-La Mancha ha defendido en la cumbre de Santiago su propuesta de financiación, aquella en la que prima el coste real de los servicios públicos a los ciudadanos teniendo en cuenta la dispersión geográfica y la despoblación.
Los presidentes de las ocho comunidades autónomas, reunidos en Santiago (Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias) consideran que debe primar la dispersión de la población en la reforma del modelo de financiación autonómica.
Tras la denominada declaración de Santiago, el presidente de Castilla-La Mancha, ha asegurado que: "Esto no es postureo [...] es un documento que aporta y suma".
Este encuentro se produce a finales de noviembre, mes que había planteado el Ministerio de Hacienda como límite para presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica y poder así empezar a negociar con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.
El coste de la dispersión
Uno de cada cinco alumnos de la región acude al colegio en el entorno rural. Mantener estas escuelas supone un coste extra para la administración, según fuentes regionales. Algo parecido pasa con la sanidad. En Hiendelaencina, en Guadalajara, por ejemplo, el centro de salud atiende 365 tarjetas con un coste de más de 2.300 euros por tarjeta. El coste de estos servicios en esas zonas es mucho más caro.
Reclamar los fondos covid
El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page viene defendiendo hablar, desde el consenso y el entendimiento, de la financiación estatal y su reparto en las comunidades autónomas.
La posición de Castilla-La Mancha es clara: un modelo que tenga en cuenta la dispersión de la población.
A este respecto, recuerda que solo en financiar las actuaciones para prevenir y paliar los efectos de la covid19 en Castilla-La Mancha, el Ejecutivo que preside ha invertido este año 300 millones de euros. Una cantidad que, a su juicio, no puede quedar fuera del reparto del Estado.
Los protagonistas
Los presidentes de Galicia (Alberto Núñez Feijóo), Aragón (Javier Lambán), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), Castilla-La Mancha (Emiliano García Page), Extremadura (Guillermo Fernández Vara), La Rioja (Concha Andreu), Cantabria (Miguel Ángel Revilla) y Asturias (Adrián Barbón), han fijado una posición sobre financiación.
El objetivo de la cita de Santiago era ratificar un acuerdo adoptado en ocasiones anteriores y reeditar el alcanzado en septiembre de 2018 en Zaragoza entre Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón sobre la reforma del sistema de financiación.
Entonces, se exigía en el manifiesto rubricado entre todas ellas que no se incluyesen privilegios para ninguna autonomía. En la cita de Compostela se incrementa la nómina de participantes, con la adhesión de Cantabria y Extremadura.
Primar la dispersión
Las ocho comunidades coinciden en la necesidad de que se prime la dispersión. Las de signo socialista (Castilla La-Mancha, Extremadura, La Rioja y Asturias) han insistido en no convertir esta convocatoria en un frente, en que el asunto no acabe convirtiéndose en una confrontación partidista.
La Xunta, que es la promotora, dice a su vez que el objetivo pasa por dar visibilidad a los retos comunes.
Alberto Núñez Feijóo anunció esta asamblea en octubre, en el debate de política general, y entonces financiación. Posteriormente, se cambió al 23.
Ferraz convocó a los barones del PSOE el día 5 de este mes para encaminar el debate. Fue el paso previo a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantee la propuesta formal, en la que está trabajando para darla a conocer en este noviembre; y hubo tiempo además de materializar esta junta antes de la bautizada como "Cumbre de Santiago".
Bloques enfrentados
Al margen de este bloque formado por las ocho autonomías que prevén reunirse en Santiago de Compostela, existen al menos dos frentes comunes más, que a lo largo de estos días se han ido pronunciando sobre sus reclamaciones a la hora de ver cuál es el criterio que debe primar para reformar el modelo de financiación autonómica.
La discusión es compleja. Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana conforman otro bloque que defiende el criterio poblacional puro, de población ajustada, que incluye variables para su cálculo, como la edad.
Baleares, Cataluña y Madrid, mientras, integran el grupo de las del principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.
AGENCIAS / CMM
