AGUA

Madrid, Andalucía, Murcia y Valencia, unidas en las alegaciones a modificar las reglas del trasvase

Frente común que han escenificado en el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase en Murcia

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, en el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase Tajo-Segura@generalitat

Susana Palomo Gómez
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El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de abrir una campaña y "achuchar" al Ministerio para la Transición Ecológica al cambio de las reglas "a su conveniencia". Declaraciones vertidas este martes en Murcia durante el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase.

Allí Madrid se ha unido a Andalucía, Murcia y Valencia para sumarse a las alegaciones a la modificación de las reglas del trasvase.

El plazo para participar termina este jueves y las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia han presentado esta mañana ante la Junta de Explotación del Trasvase Tajo-Segura estas alegaciones, según han confirmado los jefes autonómicos de Murcia y de Valencia, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente. En el escrito detallan que cualquier modificación de las reglas de explotación no puede basarse en los caudales ecológicos fijados en el Plan de Cuenca del río Tajo, informa la Comunidad de Murcia.

El Gobierno murciano defiende que esos caudales ecológicos se fijaron sin criterio científico, y así se detalló en la demanda que presentó en el Tribunal Supremo. Por eso ahora se reclama que en esta revisión se tengan en cuenta criterios objetivos.

Ante medio millar de representantes del mundo agrario del Levante español, ambos dirigentes han advertido que prácticamente la mitad de los españoles, más de 23 millones de españoles, piden que se mantenga esa infraestructura.

Aseguran que las reglas siempre se han regido por criterios técnicos y que no deben ahora ser criterios políticos "alentados desde Castilla-La Mancha" los que primen en el cambio de normas que regulen los envíos de agua desde la cabecera del río Tajo hacia el Levante.