Ley de reserva de material sanitario: El Gobierno pide unanimidad en las Cortes

Las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido este jueves la proposición de ley por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en la región, una iniciativa conjunta de PSOE y Ciudadanos (Cs) que se votará al final del pleno y que ha provocado discrepancias entre los grupos parlamentarios a cuenta de la posibilidad de establecer como medida de control en locales de ocio, hostelería y restauración un registro de clientes para facilitar el rastreo ante casos de COVID-19.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que la ley de reserva de material sanitario se apruebe por unanimidad en las Cortes, ya que ha considerado que sería "el mejor homenaje" a los profesionales sanitarios, docentes y resto de trabajadores que "se juegan la vida" en la pandemia y sobre todo, a los que han fallecido.

¿Qué objetivo busca la ley de reserva de material sanitario?

Esta norma tiene por objeto establecer una reserva estratégica de material y equipamiento tecnológico sanitario en la comunidad autónoma, además de la obligación de mantener existencias mínimas de productos sanitarios en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales.

La finalidad de establecer esta reserva es que se pueda dar una respuesta ante situaciones de emergencias, catástrofes o amenazas epidémicas, así como ante cualquier otra situación excepcional que suponga una dificultad en el abastecimiento de material sanitario, equivalente a un mínimo de 120 días de su consumo anual.

Asimismo, contempla la creación de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha para la gestión de las mismas.

La proposición de ley introduce una disposición adicional tercera, acerca del establecimiento de un registro para el seguimiento y vigilancia epidemiológica, que permite que para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la Junta pueda establecer como medida de control respecto de las actividades en los locales de ocio, hostelería y restauración, así como en los que se celebren eventos y actividades multitudinarias, el registro de clientes o espectadores en el interior de sus establecimientos para reforzar las condiciones de rastreo y seguimiento de contactos relacionados con casos de coronavirus.

Igualmente, incluye una disposición final primera relativa a un régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Castilla-La Mancha ante la COVID-19, dos cuestiones que han provocado discrepancias entre los tres grupos parlamentarios.

Críticas de PP y Cs a la Ley

Los grupos parlamentarios del PP y Cs en las Cortes de Castilla-La Mancha han criticado

En el debate sobre el Dictamen de esta Proposición de Ley emitido por la Comisión de Sanidad que ha tenido lugar en el pleno de las Cortes regionales, el diputado 'popular' Juan Antonio Moreno Moya, encargado de abrir el punto, ha defendido las 33 enmiendas de su grupo que fueron rechazadas en la Comisión, insistiendo en algunas cuestiones como su oposición a la creación de una corporación para la gestión de la reserva sanitaria, la no inclusión del sistema educativo en la ley, así como en las dos disposiciones "coladas de rondón", a su juicio, por el Grupo Socialista.ç

Con respecto a estas últimas, Moreno Moya ha insistido en que han sido introducidas por el PSOE "sin consensuar con el sector", haciendo que haya "obligación" por parte de los hosteleros de tener un registro de las personas que acceden a sus establecimientos, preguntándose por qué no se hace esto "con supermercados y otro tipo de comercio". "¿Por qué están empeñados en castigar a la hostelería de Castilla-La Mancha? Nadie lo entiende", se ha preguntado.

Por su parte, el parlamentario de Cs David Muñoz Zapata ha reiterado que con estas dos disposiciones adicionales, el PSOE ha creado "dos leyes" y, por tanto, ha pedido que se voten por separado, mostrando su intención de votar a favor de la Proposición de Ley de reserva pero mostrándose en contra de las dos disposiciones, que son, ha añadido, "fruto de la falta de previsión, las prisas y el rodillo aplicado por el PSOE, que hace que no se hayan consensuado con el sector".

Por parte del PSOE, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha sido la encargada de fijar la posición de su partido en el debate, mientras que su compañero Juan Antonio Contreras ha sido quien ha defendido el dictamen de la Comisión de Sanidad.

Así, Abengózar ha defendido que las disposiciones se han introducido en forma de enmiendas ya que en la región "no existen los Decreto Ley". "Poco sentido tendría aprobar un régimen sancionador cuando haya acabado la pandemia", ha justificado.

Finalmente, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha sido el encargado de cerrar el debate, valorando una ley que, en su opinión, da a la región "suficientes garantías de respuesta" a posibles problemas de desabastecimiento de material sanitario.

Fernández Sanz ha recordado lo que han "sufrido" todos aquellos que han padecido "de manera brutal" las dificultades de aprovisionamiento, por ello ha defendido el "espíritu de la ley", que no es otro, ha añadido, que "poder ofrecer la mejor protección a todo el mundo, ciudadanos y profesionales".

"La previsión es tener un equivalente a 120 días, un cuatrimestre que permita dar respuesta a todas las necesidades y que no vuelva a pasar lo que pasó en todo el país y toda Europa", ha continuado.