Junta y sindicatos aprueban más de 4.000 plazas en la oferta pública de empleo de estabilización para 2022
oferta publica de empleo
El Gobierno regional y los sindicatos mayoritarios de la función pública, CCOO, CSIF y UGT, han aprobado, en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de estabilización en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 en Administración General, Educación y Sanidad, que asciende a 4.058 plazas.
Tras el proceso de negociación colectiva, la distribución de la OEP para la estabilización del empleo público queda repartida, por sectores, en 2.651 plazas para personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), 917 para personal funcionario docente no universitario y 490 para la Administración General que, a su vez, se reparten entre 219 plazas de personal funcionario y 271 de personal laboral.
Del total de plazas, 2.070 se convocarán mediante el sistema de concurso-oposición, concretamente, 105 en Administración General, 801 en Educación y 1.164 en Sanidad. El resto, 1.988 plazas, se convocarán por el sistema de concurso: 385 en Administración General, 116 en Educación y 1.487 en Sanidad.
La Oferta de Empleo Público de estabilización en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, para su aprobación por parte del Ejecutivo regional.
Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
Con este acuerdo concluye el proceso de negociación de la OEP del presente año para la estabilización del empleo en la Administración regional, en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo que cada año convoca el Ejecutivo autonómico, en el marco de un plan de impulso a los servicios públicos que desde 2016 ha permitido aprobar más de 15.700 plazas y que tiene la previsión de llegar a más de 20.000 en 2023.
De esta forma, se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es de por sí una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna o favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública, según la Junta.
