Juicio al alcalde de Membrilla y al exalcalde de Manzanares por vertidos a Las Tablas de Daimiel

El actual alcalde Membrilla, Manuel Borja, y el exalcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, han declarado este martes como acusados de un delito ambiental por el vertido de aguas sin depurar que sus municipios realizaron, a través del río Azuer, al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.

La sala del juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real ha acogido este martes la primera sesión de este juicio en el que el Ministerio Fiscal pide para ellos la pena de 2 años y 6 meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de la pena de inhabilitación para ejercer el cargo de alcalde u otro relacionado con el cuidado y la conservación del medio ambiente por el tiempo de dos años.

Junto a ellos también se han sentado en el banquillo de los acusados los concejales de Medio Ambiente de los Ayuntamientos de Membrilla y Manzanares en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, para los que la fiscalía también pide la misma pena.

Además, junto a ellos, están siendo juzgados los administradores de las bodegas Jesús del Perdón de Manzanares, Galán de Mebrilla y Don Quijote Bodejas, para los que la Fiscalía también pide la pena de 2 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación para que puedan ejercer actividades industriales durante dos años.

Vertidos sancionados por vía administrativa con multas de 140.000 euros

El caso por vertidos en las campañas de vendimia 2013-2014 ya fue sancionado por la vía administrativa con multas de unos 140.000 euros, y ahora se enjuicia el daño ambiental que sufrió el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel por la contaminación de estos vertidos.

Durante la primera sesión del juicio tanto el alcalde de Membrilla como el exalcalde de Manzanares, a preguntas de la Fiscalía y de los distintos abogados defensores, han querido descargar la responsabilidad del control de los vertidos supuestamente realizados por las bodegas durante las campañas vinícolas de 2013 y 2014 en la empresa que gestionaba la estación depuradora que da servicio a estos dos municipios, Acciona.

El exalcalde de Manzanares ha asegurado que en el tiempo que fue regidor, la responsabilidad del control de vertidos de la depuradora la tenía la empresa Acciona, concesionaria de la gestión y ha sostenido que la empresa "no les avisó en ningún momento" de que se habían producido estos vertidos motivados en un primer momento, en 2013, por la avería en unas válvulas de la depuradora.

López de la Manzanara ha asegurado que el Ayuntamiento estaba convencido de que la depuradora era "una de las mejores de Castilla-La Mancha" y que sólo se enteraron de los vertidos a raíz de una inspección que llevaron a cabo agentes del Servicio de Protección del Medio Ambiente (Seprona) de la Guardia Civil.

Fue, ha dicho, "a toro pasado cuando nos enteramos de lo que había sucedido".

Además ha indicado que hasta que el Seprona no intervino, Acciona no lo hizo, y que a raíz de esta circunstancia, el Ayuntamiento instó a las cooperativas del municipio a abordar la construcción de depuradoras propias para tratar sus residuos.

Durante la sesión del juicio también ha declarado el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento en esos años, Manuel Martín-Gaitero, quien ha mantenido la misma tesis de defensa que el exalcalde.

Martín-Gaitero ha apuntado que él estuvo presente en las inspecciones que llevó a cabo el Seprona y la CHG para tomar las muestras del agua, acompañados por técnicos de la CHG y de Acciona, además del alcalde y el teniente de alcalde de Membrilla.

El edil ha señalado que Acciona llegó a reconocerles que había estado utilizando "reactivos que no eran los adecuados" para controlar las aguas residuales, lo que provocó que "no detectaran el mal funcionamiento de la depuradora".

Por su parte, el actual alcalde de Membrilla, Manuel Borja, ha querido descargar cualquier tipo de acusación sobre la edil de Medio Ambiente, Trinidad Alcaíde, asegurando que toda la gestión de este área la había asumido personalmente él, debido a que la concejala se ocupaba de otras actividades dentro del consistorio, pese a ostentar esta responsabilidad.

Borja también ha achacado la responsabilidad de los hechos en la empresa Acciona y ha asegurado que "Acciona podía haber tomado otro tipo de medidas" como utilizar el filtro verde o utilizar el tanque de tormentas, antes de verter directamente al río Azuer, aunque, finalmente, optó por esta decisión.

El alcalde de Membrilla también ha declarado que la cooperativa Galán de Membrilla se mostraba reacia a poner un planta depuradora de aguas, ya que otras cooperativas del entorno no estaban obligadas a ello y le suponía una importante inversión.

Sin embargo, ha dicho, la presión del Ayuntamiento y de la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana les llevaron a hacerlo, aunque esta entró en funcionamiento pasada la vendimia de 2014.

El juicio continuará este miércoles y este jueves con la declaración de más testigos y la práctica de distintas pruebas periciales

Vertidos de dos cooperativas en 2013 que afectaron a Las Tablas de Daimiel

El fiscal considera probado que los alcaldes y concejales acusados "permitieron y consintieron" los vertidos de dos cooperativas, a pesar de que ellos eran los "máximos responsables" de "controlar y regular", sino que dejaron que se incorporaran a la red de saneamiento de sus municipios vertidos industriales sin pretratamiento "por tanto con una alta carga contaminante" y, además, "una especial gravedad e incidencia en la calidad del medio receptor".

Y es que los hechos, según narra siempre el Ministerio Fiscal, se descubrieron a finales de 2013 cuando el Seprona detectó cambios en las propiedades organolépticas del río Azuer e iniciaron una investigación que concluyó con un atestado en el que se determinó que dos cooperativas, coincidiendo con la época de vendimia, habían vertido residuos sin tratar al alcantarillado municipal.

Todo ello, añade, sin que los alcaldes del PP de los dos municipios afectados, ni sus concejales de Medio Ambiente, pidieran informes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para autorizar vertidos ni tampoco le exigieron a las empresas de las que provenían que los trataran previamente.

Considera que los responsables municipales del PP no cumplieron con sus funciones y, además, destaca que esta permisividad con los vertidos al río Azuer es especialmente grave puesto que va al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

"Los vertidos objeto del presente procedimiento contribuyeron a la actual situación de ruptura del ecosistema acuático del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, imposibilitando el normal funcionamiento de sus procesos ecológicos y de su biocenosis", recoge el escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

De hecho, considera que se causaron daños por más de 71.000 euros en la calidad de las aguas del dominio hidráulico por lo que pide que se condene a estos cuatro acusados, así como a los responsables de las dos cooperativas a los que también se acusa, a que abonen esa cantidad a la Junta de Comunidades.  AGENCIAS