Castilla-La Mancha se opone a "negociaciones bilaterales" sobre financiación autonómica

Primeras reuniones para marcar la senda de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Gobierno y comunidades autónomas están sentados para determinar el déficit máximo al que deberán acogerse.

La Generalitat de Cataluña se ha desmarcado de la reunión y apuesta por un encuentro bilateral con el Estado. Castilla-La Mancha se ha mostrado en contra de cualquier trato de favor a Cataluña y ha pedido que se aclare esta situación, porque sino desde la región se utilizarán las medidas jurídicas necesarias para evitar un acuerdo bilateral.

El Consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido a la ministra María Jesús Montero que aclare o desmienta "las afirmaciones de los independentistas de que se está negociando un modelo singular para Cataluña".

"Queremos que nos aclare cómo se ha llegado a los 15.000 millones de condonación de la deuda para Cataluña, cuáles han sido los criterios", ha asegurado. En sus declaraciones, el Consejero ha señalando que se trata de una autonomía "perfectamente financiada con las reglas que rigen el sistema actual".

Ruiz Molina también ha avanzado que el Gobierno de Castila-La Mancha utilizará "todas las herramientas jurídicas" para evitar las negociaciones bilaterales, a las que se ha mostrado completamente contrario.

“La mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta, y no sabemos los motivos o privilegios que les puede llevar a ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias”, ha continuado el Consejero.

Propuestas para el proyecto presupuestario

El CPFF se reunirá el mismo día que finaliza el plazo para que los distintos centros gestores de los ministerios remitan a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas para el proyecto presupuestario, una ley que el Gobierno quiere llevar cuando antes al Congreso. 

Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades.

Eso sí, dado que no habrá nuevas cuentas antes del 31 de diciembre, habrá que prorrogar las de este año hasta que puedan aprobarse las de 2024. 

De cara al próximo ejercicio, el Gobierno -en ese momento en funciones- remitió en octubre el plan presupuestario de 2024 a Bruselas, que incluía una previsión del déficit en el entorno del 3% para el año próximo y una ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB ya para 2023.

Flexibilización del déficit

El plan contemplaba una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas en 2024, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad del pasado abril. Esa décima de más margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central, cuyo déficit en 2024 será del 2,9 %, frente al 3 % de la previsión anterior.

Por su parte, la Seguridad Social mantiene el déficit previsto en el 0,2 % para 2024, tal y como figuraba en el Programa de Estabilidad. Para las entidades locales se mantiene también la proyección de un superávit del 0,2% para el próximo año.

La Comisión Europea ha dado ya su visto bueno al proyecto presupuestario de España, pero ha instado al nuevo Gobierno a presentar un plan actualizado "lo antes posible", ya que el actual fue remitido en octubre por el Ejecutivo en funciones -como el caso de Eslovaquia, Luxemburgo y Países Bajos-, al tiempo que advertido de que el país afrontará una situación fiscal "muy difícil" en 2024 con un déficit por encima del límite del 3% y una deuda "bastante elevada".

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.

Las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno, que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.

En esta ocasión existe la incertidumbre qué pasará en el Senado, puesto que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.

Desde el Gobierno insisten en que cuentan con seguridad jurídica para poder redactar las cuentas públicas incluso si el Senado tumba la senda de estabilidad. 

Así las cosas, la previsión de la vicepresidente cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, es tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 a lo largo del primer trimestre del año con el apoyo de los socios del PSOE en el Congreso, pues su respaldo a las cuentas públicas "formó parte de las conversaciones" de los pactos de investidura.