Empleados públicos de Castilla-La Mancha podrán denunciar abusos o corrupción a través de un canal de la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha dotará a los empleados públicos de un canal de alertas y denuncias de posibles casos de abusos o corrupción por parte de altos cargos o personas que trabajen para la Administración autonómica, que garantizará la seguridad y el anonimato de comunicantes o denunciantes.

El canal se pondrá en marcha el próximo mes de diciembre, ha adelantado este jueves el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha explicado que esta nueva herramienta tiene como objetivo proteger la figura de los alertadores de posibles represalias, ha informado en una nota de prensa la Junta de Comunidades.

Asimismo, ha indicado que su creación se deriva de la entrada en vigor, en diciembre de 2019, de la nueva Directiva Europea del Parlamento Europeo.

En este sentido, ha aclarado que aunque esta directiva la tiene que trasponer el Gobierno de España a una ley de ámbito estatal, el Ejecutivo autonómico se anticipará modificando el Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Con esta modificación se asignará a la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Vicepresidencia la responsabilidad de poner en marcha este canal interno de alertas.

Confidencialidad y verificación

De esta forma, "se garantizará la recepción segura de alertas que realicen los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica y la confidencialidad de las mismas y su verificación, dando traslado al órgano competente en caso de que existan suficientes indicios de veracidad", ha destacado el vicepresidente.

Martínez Guijarro ha adelantado la creación de este canal de alertas en su intervención en las IV Jornadas 'Revista Gabilex', que se celebran desde este jueves en la Escuela de Administración Regional, ubicada en Toledo, organizadas por el Gabinete de los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades.

Magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos y expertos en el sector jurídico se dan cita en estas jornadas para debatir sobre cuestiones de actualidad en los ámbitos penal, civil y administrativo.

En ellas participan también directores de servicios jurídicos como el de Extremadura, así como letrados y letradas de otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, La Rioja, Galicia, Cataluña o Madrid, de forma tanto presencial como telemática.

EFE