El Consejo de Seguridad Nuclear frena el ATC de Villar de Cañas
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado por unanimidad esta misma tarde el plan presentado para paralizar la emisión de informes de evaluación para la autorización de construcción del ATC de Villar de Cañas, haciéndose eco así de la petición formulada por el Ministerio de Transición Ecológica el pasado 5 de julio.
Cambio en el orden del día
EL CSN lo llevaba en su agenda como tema para información y ha decidido modificar el orden del día para incluirlo como asunto de toma de decisión. Y tras una votación unánime, ha aprobado suspender la emisión del informe sobre la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca) más conocido como ATC.
Según un comunicado oficial del propio Consejo, hasta la fecha ha realizado el 98% de los trabajos inicialmente planificados, a los que ha dedicado cerca de 48.000 horas entre personal técnico propio y externo. Para UP-ECPODEM-EM, esta decisión de paralización del informe es insuficiente, porque no garantiza la paralización definitiva del proyecto, y por eso, ya ha registrado una serie de preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El recorrido del proyecto
El emplazamiento del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2011 entre varias localidades que optaban a albergar la infraestructura, con un coste cercano a los mil millones de euros y la previsión de que comenzara a funcionar en 2016.
La oposición de partidos políticos y organizaciones ecologistas, con informes técnicos en contra, y el cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha en 2015, forzaron la paralización del proyecto y la aprobación de un decreto en 2016 para ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito (Cuenca).
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha suspendió el decreto del Gobierno regional y el Tribunal Supremo dejó en suspenso la ampliación de protección ambiental que había recurrido el Gobierno central.
CMM/EFE
