TRIBUNALES

Uno de cada dos juicios se suspendieron en Castilla-La Mancha en 2023

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha presentado la memoria anual de la Fiscalía en las Cortes y ha avanzando que se va a reunir con la consejera de Economía para tratar la siniestralidad laboral

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.A.Perez Herrera/JCMM

Elena Garcia Fermosel
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Uno de cada dos juicios que se tenían que celebrar en 2023 en Castilla-La Mancha fueron suspendidos. Es uno de los datos que ha avanzando e Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, en la entrega de la memoria en las Cortes regionales.

Fernández ha reclamado más fiscales y funcionarios para agilizar el trabajo de la Fiscalía, aunque asegura, en la tramitación habitual de la Fiscalía no se están produciendo retrasos. "Se trabaja bien" pese a tener "un déficit bastante grande de personal", ha dicho.

En cuanto al funcionamiento de la Justicia, Fernández ha puesto el foco también "la lentitud de las causas".

Preocupa el aumento general de la delincuencia, especialmente de la ciberdelincuencia. Estos delitos ya suponen el 25 por ciento del total de índice de criminalidad. La mayoría son "ciber estafas" pero Fernández ha recordado que este ámbito engloba otras conductas muy graves, dirigidas en a menudo a menores, como la distribución de pornografía, coacciones, amenazas o acoso.

En este sentido, el fiscal superior ha destacado que "la realidad criminológica de las redes sociales es absolutamente preocupante", pues el acceso a "contenidos ilícitos, en general, y pornográficos en particular" por parte de menores está "descontrolado".

Delitos contra la libertad sexual

Por su parte, los delitos contra la libertad sexual muestran "una tendencia creciente" en Castilla-La Mancha y representan "dos de cada tres delitos graves" (con penas superiores a nueve años de prisión) en la región.

Fernández ha explicado que la mayoría de estos delitos se cometen contra menores de dieciséis años y en el ámbito familiar, siendo el perfil de delincuente más habitual el compañero sentimental de una madre que abusa de su hija, de manera prolongada en el tiempo.

En el ámbito de la violencia de género, Fernández ha recordado que en 2023 hubo dos asesinatos machistas en Castilla-La Mancha y ha apuntado que, si bien "se incrementan los procedimientos", el año pasado descendió el número de órdenes de protección emitidas.

Reunión para abordar la siniestralidad laboral

Fernández también ha expresado su preocupación ante la siniestralidad laboral, pues Castilla-La Mancha sigue "en el grupo de cabeza a nivel nacional" en cuanto a muertes en accidentes laborales.

Y ha avanzado que en dos semanas va a reunirse con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust, para abordar, canalizar y poner en común los "problemas" que existen en este ámbito en la región.

"La Fiscalía trata de mantener contactos frecuentes con las centrales sindicales, con la Inspección de Trabajo, con objeto de reducir la siniestralidad laboral", que aunque "ha bajado o ha descendido levemente en el año 2023 respecto a cifras anteriores", en el caso de los accidentes de trabajo con resultado de muerte, la Comunidad Autónoma está "en el grupo de cabeza a nivel nacional".

Confianza en el fiscal general del Estado

Preguntado por el investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por una presunta revelación de secretos, Fernández ha mostrado su total confianza hacia él y tiene "la esperanza de que ese procedimiento judicial" acabe sin una condena.

Ha reconocido que la Fiscalía no está en "una situación cómoda" cuando su máximo responsable ha sido "objeto de pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre su posible participación en hechos delictivos".

No obstante, ha subrayado que el García Ortiz "no está imputado", pues para el Tribunal Supremo "el objeto procesal" no es "la difusión de una nota" bajo sus órdenes, sino una "filtración de correos electrónicos" respecto a la cual el Supremo procederá a "examinar la conducta del fiscal general".

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