Las claves de la Ley Suma: reduce burocracia para dinamizar el urbanismo regional
Agilizar los trámites administrativos y dinamizar la economía de la región. Es el objetivo de la Ley Suma, que presta especial atención a las necesidades que presenta el reto demográfico y con la vocación de promover el desarrollo en pequeños municipios del medio rural.
Una normativa que agilizará la promoción de la vivienda y el desarrollo urbanístico, en especial en el ámbito rural. Por ejemplo, los nuevos planes de ordenación urbanística no necesitarán de evaluación de impacto medioambiental.
El presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page, ha destacado que con esta ley es "estratégica" y será "imitada" porque "se eliminan trámites" y ha destacado "la valentía de Ciudadanos" por llegar a acuerdos.
Pero advierte que "no es pasar a la ley de la selva, en la que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, se trata de podar dentro de la maraña legislativa".
Un texto legal que le va a venir bien "a los ayuntamientos, a las empresas y especialmente bien a la ciudadanía y a la economía".
Por esta razón también ha apostado porque los organismos públicos pasen una auditoría económica, incluido el Gobierno de Castilla-La Mancha y él mismo, para analizar la gestión realizada más allá del que realiza el Tribunal de Cuentas.
Las claves de la Ley
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que esta ley está consensuada con todos los agentes implicados y de ahí su denominación "suma, porque suma el consenso y el empleo"
Los grandes objetivos de la ley pasan por un nuevo modelo urbanístico; dinamizar la economía y agilizar trámites; impulsar a los pequeños municipios, el reto demográfico y el desarrollo del medio rural; y conseguir mejoras en la regulación urbanística. Además, planea impulsar la venta de solares abandonados.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha desgranado en rueda de prensa algunas de las más de 60 novedades que implementan en el desarrollo urbanístico esta ley. Según ha detallado, también da cabida a los objetivos de la Agenda 2030 y busca favorecer la economía circular.
Entre las líneas maestras que ha destacado Hernando, ha puesto de relieve que los ayuntamientos tendrán ahora 20 días para poner "algún pero" a alguna actuación urbanística con silencio administrativo positivo en caso de no haber alegaciones dentro de un nuevo régimen de autorización en suelo rústico.
Se innova en la regulación de los aparcamientos y zonas verdes exigidos en polígonos industriales; y modifica la reserva de suelo dotacional para evitar el "café para todos".
Toca el capítulo de las Viviendas de Protección Oficial, una herramienta que según Hernando "puede servir en momentos de expansión", pero también supone "una barrera si el mercado de la vivienda está deprimido". "En momentos de depresión, la vivienda protegida puede ser un obstáculo".
En toda la región la vivienda protegida "es mucho más cara que la libre", y esta norma viene a regular la flexibilación de las cuotas de cada tipo de vivienda.
Esta ley también quiere ser innovadora a la hora de definir el concepto de núcleo poblacional para resolver "el limbo urbanístico" en pequeños núcleos poblacionales.
Como medidas de simplificación, de cara a posibles inversiones, se quiere dar más agilidad en sitios pequeños, de manera que se da potestad a colegios profesionales y diputaciones para hacer los informes preceptivos para entregar licencias, paliando así la falta de personal para este cometido en pequeños municipios.
Además, viene a flexibilizar las condiciones reguladoras de los planes de ordenación urbanística, aumentando las posibilidades de modificación posterior; y elimina restricciones para favorecer el desarrollo urbanístico de los municipios de menos de 5.000 habitantes.
La norma recoge que ayuntamientos y Gobierno regional tendrán su propio patrimonio de suelo público donde se incluirán los cánones generados de la actividad urbanística y los bienes se tendrán que destinar a la construcción de vivienda protegida cuando así lo exija la demanda.
Los grandes proyectos económicos que se desarrollen en la región tienen que reportar beneficio a la ciudadanía en su conjunto, y con esta premisa, cuando la inversión en suelo rústico sea superior a los 500.000 euros, una parte de la recaudación irá a parar a inversiones públicas en beneficio de los castellanomanchegos.
Las actuaciones en suelo urbanizable con Programa de Actuación Urbanizadora, podrán ser más competitivas en municipios de hasta 10.000 habitantes; y en municipios mayores, cuando se desarrollen grandes proyectos de uso mayoritariamente residencial la Junta percibirá un tercio de las cesiones de suelo al patrimonio público.
Medidas para agilizar trámites
En cuanto a las medidas para agilizar trámites, los instrumentos de apoyo para los planes de ordenación territorial y urbanística, a excepción de los Proyectos de Singular Interés, no necesitarán evaluación medioambiental.
Se permitirá a los planes de ordenación municipal poder establecer unidades paisajísticas para garantizar su conservación, de acuerdo con la normativa vigente; y se flexibilizan las condiciones reguladoras de estos planes.
Igualmente, se podrá proceder a la desafección de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida cuando una vez cumplido el plazo el promotor se comprometa solicitar licencia urbanística en el plazo de doce 12 meses para desarrollar dicho terreno, teniendo que abonar el mayor valor de solar descalificado.
Cuando se requiera licencia urbanística para el desarrollo de actividades económicas en suelo rústico, el canon a abonar será del 2% en proyectos de menos de 500.000 euros; del 3% en el caso que superen esa cifra --2% para el ayuntamiento de la localidad y un 1% para la Junta--; y del 4% cuando para otorgar la licencia sea necesario un plan o instrumento supramunicipal, en cuyo caso un 2% será para el ayuntamiento y un 2% para la Junta.
En el caso de suelo urbanizable con Programa de Actuación Urbanizadora, la cuantía de la cesión de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo ya no se determinará con los aprovechamientos tipo del planeamiento, sino que se determinará en función del número de habitantes de la población.
Acuerdo entre PSOE y Cs
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha tomado la palabra en el acto de presentación para poner de manifiesto su satisfacción por haber conseguido sacar adelante este texto en forma de proposición de ley conjunta de la mano del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, también ha celebrado el resultado de este acuerdo en un contexto político de "división" sobre todo a nivel nacional, en un escenario de crisis sanitaria.
Pero "por suerte", Ruiz ve cómo en la política "se puede hacer otra cosa" como ejemplifica la colaboración alcanzada con el PSOE "desde la discrepancia". "En muchas cuestiones no estamos de acuerdo con este Gobierno pero en otras sí podemos trabajar juntos. Eso es lo que está esperando la ciudadanía. Desde la guerra a garrotazos no se construye, no se saca nada, solo el mal Gobierno o la destrucción", ha afirmado.
Nueva oferta pública de empleo para docentes
El Gobierno regional ya había anunciado la contratación de 3.000 nuevos docentes para el presente curso. Pero este lunes Emiliano García-Page ha querido avanzar una oferta de empleo público que se suma a esas 3.000 contrataciones. Lo ha avanzado en el acto, aprovechando que este 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes.
