Claves de la ley de protección de discapacitados de Castilla-La Mancha
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con discapacidad. Ahora serán las Cortes regionales las responsables de su aprobación definitiva.
Gracias a esta normativa de alcance autonómico, el Ejecutivo regional garantizará la protección de cerca de 36.000 personas con discapacidad grave que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones, no sólo con recursos asistenciales como la puesta en marcha de unidades de orientación y apoyo, sino también materiales y residenciales, ante la falta de sus progenitores o tutores legales.
En Castilla La Mancha, hay 140.823 personas valoradas con un grado de discapacidad física, psíquica y sensorial igual o superior al 33 por ciento, de las que más del 25 por ciento tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones.
DISCAPACIDAD | "Este es uno de los proyectos de ley que pueden justificar toda una vida política".
Las claves de la nueva ley
La futura ley, anunciada por la consejera de Bienestar Social Aurelia Sánchez, va a ser gestionada por las fundaciones tutelares, que son seis en Castilla-La Mancha, cuentan con un centenar de trabajadores y en este momento tienen a unas 1.200 personas tuteladas.
Estas fundaciones recibirán en 2018 un total 3 millones de euros en subvenciones de la Junta, que suponen un incremento del 6 por ciento.
El objetivo es que estas seis fundaciones no solo se encarguen de la tutela judicial -que compete a la administración regional y que la Junta ha cedido- sino que cuenten con unidades de orientación y apoyo para "proteger" a personas con discapacidad y sus familias.
¿Qué pasa con un discapacitado cuando fallece su cuidador?
A finales de 2017 se inauguró el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Grave (Cadig) de Talavera de la Reina, que ya abrió una unidad y está en proceso de abrir nuevas unidades este ejercicio y atender a medio centenar de personas.
La nueva ley fija como sujeto de derecho a la persona con discapacidad, con independencia de su grado de discapacidad.
Ha precisado que no se trata de dar una tutela, porque esa figura ya existe en el Código Civil, sino de "garantizar el apoyo" y de que las personas con discapacidad y sus familias puedan realizar un plan de futuro, que va a quedar registrado.
A partir de ahí, se desarrollarán los recursos necesarios para que estas personas con discapacidad tengan calidad de vida y la "garantía" de que será así "de por vida", cuando su familia no exista. E
