El jurado declara culpable a la acusada de matar a un amigo con un 92 % de discapacidad en Alcázar

Ya hay veredicto para la acusada de matar en Alcázar de San Juan a una amiga suyo que tenía un 92 por ciento de discapacidad. El jurado le ha declarado culpable por unanimidad de los delitos de homicidio doloso con agravante de abuso de superioridad y robo con violencia del que se le acusaba. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La víctima era invidente y tenía una discapacidad reconocida del 92 %. Por estos delitos, la Fiscalía pide para ella una pena de 17 años y 9 meses de cárcel.

La víctima sufrió gravísimas lesiones cerebrales tras los golpes recibidos y meses después falleció. Ella negó durante el juicio que fuera quien le golpeara con un objeto contundente, el arma homicida que no ha sido encontrado.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el día 25 de noviembre de 2020, cuando la acusada se dirigió a pie al exterior de la vivienda de un amigo suyo, situada en la localidad de Alcázar de San Juan. Le solía visitar con frecuencia para ayudarle en ocasiones en labores de limpieza de la casa a cambio de dinero, dado que tenía problemas de movilidad, pues le había sido reconocido un grado de discapacidad del 92%.

En esta ocasión, la acusada acudió a dicha vivienda con la intención de reclamar un dinero que al parecer la víctima le debía. Al no abrirle la puerta a pesar de que la propia acusada gritaba y llamaba insistentemente, procedió a fracturar de varias patadas la moldura inferior de la puerta de entrada a la vivienda, introduciendo la mano por el hueco creado y abriendo la puerta con la manivela, logrando así acceder al interior del piso, no sin antes volver a colocar la moldura de la puerta en su sitio.

Discusión por una supuesta deuda

Una vez dentro de dicha vivienda, al encontrarse con  la víctima en la cocina, se inició una fuerte discusión entre la acusada y la víctima, motivada por la supuesta deuda.

Entonces, la acusada, valiéndose de su fuerte complexión física y de que la víctima era una persona de menor envergadura y que contaba con problemas de movilidad y visión anteriormente indicados, le golpeó fuertemente en el macizo facial de la hemicara izquierda empleando para ello un objeto contundente aún no determinado, teniendo la intención de acabar con la vida del mismo o, al menos, siendo consciente del peligro que para su vida podría suponer un golpe en dicha zona.

Acto seguido, la propia acusada, actuando con intención de obtener un beneficio patrimonial económico, cogió la víctima, inconsciente a consecuencia del fuerte golpe sufrido, y se lo llevó al salón y por último al dormitorio principal de la vivienda, tumbándolo en una cama que allí había, con un cojín sobre la cabeza, para acto seguido apoderarse de un televisor de plasma que estaba en el salón, abandonando el piso con dicho televisor en las manos.

Breves instantes después, la acusada se presentó en el cercano domicilio de otra persona al que le ofreció adquirir el televisor por 50 euros en metálico.

Los vecinos avisaron a la policía

Avisados tanto por vecinos del bloque como por familiares de la propia víctima, al extrañarse todos ellos por los ruidos y golpes que provenían de la vivienda del mismo, se personaron poco después varias patrullas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alcázar de San Juan, que encontraron a la víctima inconsciente y tumbado sobre un costado en la cama de su dormitorio, con un cojín colocado encima de la cabeza, habiendo diversos restos de sangre en dicha cama, como en suelo y muebles de la cocina y del salón del piso.

A consecuencia de la agresión recibida de la acusada, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico de tal magnitud que no solo le produjo fracturas óseas sino que también le causó hemorragias cerebrales, edema cerebral y lesión axonal difusa con encefalomalacia.

A causa de dichas lesiones, ue trasladado a la UCI de Ciudad Real el mismo día 25 de noviembre de 2020, donde permaneció hasta el día 20 de enero de 2021, en que fue trasladado al Hospital La Mancha Centro y donde finalmente falleció el día 1 de febrero.

A juicio del Ministerio Fiscal, la acusada presenta un patrón de consumo de sustancias estupefacientes compatible con un abuso, aunque en el momento de los hechos no existían en su caso alteraciones psicopatológicas de entidad suficiente como para dar lugar a una afectación de sus capacidades cognitivas o volitivas en ningún grado, por lo que las mismas se consideran conservadas. La acusada permanece en prisión provisional por estos hechos desde el 27 de noviembre de 2020.