Castilla-La Mancha estudia recurrir el acuerdo de reparto de menores migrantes

Castilla-La Mancha estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Congreso para determinar el reparto de menores inmigrantes. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado que ya se está consultando a los servicios jurídicos. 

Para García-Page, el Estado "impone" la medida sin consultar a las comunidades autónomas y sin el presupuesto necesario para "atender dignamente" lo que ha calificado como drama humano. Cree que falta estrategia en España y en Europa en política migratoria.

El pasado jueves fue convalidado en el Congreso de los Diputados este acuerdo de reparto de migrantes en España.

Impone a las autonomías "una solidaridad obligada"

Durante su intervención en el ciclo 'Vecinos y amigos' del Heraldo de Aragón, García-Page ha precisado que su Gobierno está pendiente de rematar un informe jurídico para poder dar el paso de recurrir este reparto, que ha tildado de "drama" y de "atropello lamentable".

"La ley que acaban de aprobar es una barbaridad para arreglar el problema de los menores", ha criticado el presidente regional, explicando que lo que se ha ratificado es una "treta" del Estado, que impone a las autonomías una idea de "solidaridad obligada", algo que suena a "cachondeo", porque la solidaridad no puede imponerse.

"Ahora nos aplican que tenemos que tener un cupo y llenarlo y no con los de Canarias sino con todos los que vayan quedando sobresaturados en el resto de España", ha lamentado García-Page.

Este acuerdo, fraguado en un clima de "inflamación dialéctica", según el presidente castellanomanchego, se traduce en que que "hay que repartirse a estos menores entre todos y permanentemente", sin "haber hablado con las autonomías, sin poner un euro el Estado", que "practica mucho la política esta de yo invito y tú pagas".