Castilla-La Mancha destina 210 millones de euros más a la recuperación económica
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado dos nuevos decretos y una convocatoria de ayudas por un valor de más de 210 millones de euros, para seguir dando respuesta ante la crisis a las empresas, autónomos, personas que han perdido su empleo y al sector de la economía social.
En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que estos 210 millones se suman a los más de 270 millones que el Ejecutivo autonómico ha puesto sobre la mesa en el marco del Plan de medidas suscrito en mayo de 2020.
También se suman a los 102 millones para los planes de empleo que se encuentran en tramitación, por lo que todo en su conjunto alcanza los 580 millones dedicados a la recuperación económica y social en la región, ha puntualizado Franco.
La titular de Economía ha destacado el decreto aprobado que regula la concesión de ayudas directas a empresas y autónomos afectados por la pandemia de la covid-19, con un montante de 206,34 millones de euros, con el que el Gobierno regional pretende no tener que esperar a la tramitación del Real Decreto nacional y poner en marcha ya esta línea de ayudas "muy ambiciosa", ha recalcado.
En este sentido, ha subrayado que Castilla-La Mancha es la región que ha incorporado más sectores a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para que puedan ser beneficiarios de estas ayudas, en concreto, 300 adicionales a los 95 que establece el Estado.
De esta forma, multiplica por cuatro el número de actividades y da cabida a sectores como el calzado, el vino, las peluquerías y centros de estética, el turismo, el comercio o las actividades culturales, de ocio y deportivas, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.
Tramitación de la Ley para extinguir las cámaras agrarias provinciales
Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha acordado este martes enviar al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el anteproyecto de ley para la extinción de la figura de las cámaras agrarias provinciales.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado que estas cámaras están "desfasadas" porque ya no responden a la finalidad con la que se crearon de representación de los agricultores, ya que esta labor está asumida por las asociaciones.
Por ello, en colaboración con el tejido asociativo, se ha elaborado un texto para regular el procedimiento de liquidación de su patrimonio de suelo y económico que pasará a formar parte del patrimonio de la Junta de Comunidades, ha indicado el titular de Agricultura.
Arroyo ha destacado que con las parcelas o explotaciones que en la actualidad están en manos de las cámaras se pretende crear "el germen" del futuro banco público de tierras de Castilla-La Mancha, que tendrá como finalidad facilitar la incorporación de jóvenes y apoyar a los agricultores profesionales cuyo 50 por ciento de su renta procede de la actividad agraria.
El suelo rústico que está en poder de las cámaras lo constituyen 3.536 parcelas, si bien desconoce el número de hectáreas de superficie, así como poseen 396 inmuebles urbanos y 1,9 millones de euros en las cuentas bancarias.
