Arranca el juicio del incendio de la planta de residuos de Chiloeches, con 21 acusados y que durará meses

El macrojuicio por el incendio originado en agosto de 2016 en una planta de tratamiento de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara) ha arrancado este lunes con las cuestiones previas y será este martes cuando empiecen los interrogatorios a varios exaltos cargos, concretamente al director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; y al director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez Orodea.

Está previsto que se sienten en el banquillo 21 acusados (18 particulares y tres empresas) y, en principio, ha fijado en 53 las sesiones a celebrar hasta mediados de diciembre. Los acusados podrán ausentarse del juicio una vez practicadas las diligencias relativas a los mismos, si bien deberán estar presentes el último día para poder ejercer su derecho de última palabra.

Así lo ha señalado el juez de la Audiencia Provincial de Guadalajara, José Aurelio Navarro Guillén, que preside el tribunal que juzga desde este lunes y a lo largo de los próximos tres meses a 21 acusados por delitos que van desde participación en grupo criminal, delito de gestión de residuos peligrosos o delito agravado contra el medio ambiente, delito de prevaricación administrativa medioambiental, delito de explotación de instalaciones peligrosas y delito de falsedad documental.

La vista oral se iniciaba cerca de las 9.30 horas en una sala habilitada especialmente para esta compleja vista en los antiguos juzgados de Guadalajara, en la que también se han tenido en cuenta las normas Covid y donde los letrados han estado sentados en pupitres individuales y, por detrás, los acusados.

Para los dos ex altos cargos que declaran este martes, el Ministerio Público los considera autores de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y ha pedido para ellos penas que llegan hasta los tres años de cárcel y 13 de inhabilitación.

Entre los encausados también se encuentran las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina, y otros ex altos cargos y cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre los que se encuentra el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González (PSOE), y por otro lado, el exalcalde de Chiloeches, César Urrea (PP).

La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para estos acusados según señala en su escrito de más de 90 páginas, y entre los encartados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.

En concreto, M.C.Y, director general de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2008, para quien el fiscal pide doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 28 meses de multa de cuota diaria de 20 euros, por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

Para C.J.B.O., director general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2009 y 2011, y para M. B.C., directora general de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015 piden sendas penas de tres años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

La misma pena de tres años por delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental piden para S.D.G.E., delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2015 y 2016.

Para O.V.S., jefa de Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2013 y 2018, y para J.M.M.G., jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2018, piden dos años de prisión por el mismo delito que sus compañeros.

Entre los acusados, también se encuentra el entonces concejal de urbanismo y posteriormente quien fuera alcalde, C.U, para el que se pide por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental cinco años de prisión.

Penas de hasta 19 años

Las penas más altas son para otros acusados por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito agravado de gestión de residuos peligrosos y explotación de instalaciones de residuos peligrosos para quienes se piden penas de hasta 19 años de cárcel.

Para las empresas KUK Mediambiente y Salmedina Tratamiento de Residuos pide penas de dos años por delito agravado de gestión de residuos peligrosos y para el Grupo Layna, esta misma pena y otros dos años pro delitos agravados de explotación de instalaciones peligrosas.

Según el escrito de la Fiscalía, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que en algunos casos conociendo los incumplimientos de las empresas se les mantuvo la autorización.

Del mismo modo señala numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas.

El escrito señala que tras la investigación se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.

Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

Se da la circunstancia de que, tras las elecciones de mayo de 2015, el nuevo alcalde de la localidad, en junio de 2016, a través de los técnicos municipales, constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches al margen de toda legalidad.

El 17 de junio de 2016 se decretó por la Junta de Gobierno Local la clausura inmediata de las instalaciones con el apercibimiento de abstenerse en el ejercicio de toda actividad, algo que no se hizo y finalmente derivó en el incendio de agosto de ese mismo año.

El escrito considera responsables civiles directos y solidarios a todos los acusados que se sentarán en la Audiencia Provincial de Guadalajara el próximo 20 de septiembre en un macrojuicio que se extenderá hasta el próximo 17 de diciembre.

¿Qué ocurrió en Chiloeches?

Fue el 26 de agosto de 2016. Sobre los cielos de Chiloeches, una enorme columna de humo. Son 20.000 toneladas de residuos que arden durante seis días. Semanas antes, el Ayuntamiento había clausurado esta planta que llevaba más de una década sin licencia municipal.

Durante años, las empresas KUK Medioambiente y Grupo Layna, almacenan residuos tóxicos procedentes de la industria farmacéutica junto a tintes, pinturas, adhesivos, perfumes y pesticidas. Sin darles el tratamiento preceptivo, se mezclan con residuos no peligrosos, sobre todo lodos procedentes del reciclado de papel.

Luego, sin licencias administrativos, se trasladaban a un vertedero de Valdemingómez en Madrid, que estaba en construcción y que también carecía de permisos.

Por eso, la Guardia Civil cree que ante la imposibilidad de la empresa de deshacerse de los residuos, decidió prenderle fuego.

Cerca de 15 millones de euros costó apagar el fuego, limpiar la parcela y recuperar los terrenos que se vieron muy afectados por esta catástrofe medioambiental.

CMM/EFE