Aprobada la subida salarial del 0,5% para 60.000 empleados públicos

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se articula la subida salarial de un 0,5% para los más de 60.000 empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha.

Esta recuperación tendrá efectos a 1 de enero de 2019, y viene a explicitar el compromiso adquirido durante la legislatura por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien avanzó que tras la recuperación en dos fases del 3% de recorte salarial, se implementaría este 0,5% adicional en concepto de compensación.

El diputado del PSOE Fernando Mora ha incidido en que a lo largo de la legislatura el Gobierno de Emiliano García-Page ha recuperado "casi todo" lo que en su día el PP "cercenó" a los empleados públicos y con esta Proposición de Ley se pretende que los empleados públicos puedan recuperar el 0,5% de sus retribuciones como en 2016 fue acordado.

El parlamentario y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha reprochado al Gobierno de Page por llegar "mal y tarde" ya que se ha agotado la legislatura "sin que los empleados públicos de la región hayan recuperado los salarios y los derechos recortados".

De su lado, el diputado del PP Francisco Cañizares ha pedido al PSOE no tratar a los empleados públicos como si no entendiesen cómo funcionan las leyes y ha recriminado a los socialistas que digan que "no se han cambiado las cosas porque no ha dado tiempo". Decir eso es "reírse" de ellos. No lo han hecho antes porque "no han querido o no han podido".

Ha cerrado el debate el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha celebrado que la recuperación salarial de los empleados públicos se haya aprobado por unanimidad. Es la "guinda" de lo que ha sido la política de personal que ha desarrollado el Gobierno de García-Page a lo largo de la legislatura.

Edad mínima de caza

▶️Rechazada la proposición de ley presenta por @CLM_Podemos para subir la edad mínima de caza a 16 años.

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran este jueves el último pleno de la legislatura. Un pleno en el que han rechazado, con los votos en contra de PP y PSOE, la toma en consideración de la proposición de ley de Podemos que proponía subir la edad mínima de caza de los 14 años fijados en la actualidad hasta los 16 años.

La proposición de ley, defendida por el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, pedía modificar la ley de Caza de la región en los diversos artículos donde se hace alusión a que la edad mínima para practicar esta actividad en la región se fija en 14 años, según su argumento por ser una recomendación del Defensor del Pueblo, si bien la propuesta solo ha recibido el apoyo de los dos diputados de la formación morada.

Llorente ha recordado que esta propuesta ya la realizó en 2018, cuando se aprobó la modificación de la ley de caza aprobada en 2015, pero ha lamentado que entonces tanto PSOE como PP la rechazaron porque hicieron "la pinza" y "se plegaron en favor de los intereses del lobby cinegético" a pesar de que, a su parecer, iban en contra del interés general y del interés de los menores.

El portavoz de Podemos ha incidido en que la edad mínima para cazar deben ser los 16 años, porque es la edad fijada para poder contraer matrimonio, trabajar o conducir una motocicleta y ha considerado que para cazar debería ser igual, porque "un arma de juego no es un juguete".

PP y PSOE, en contra de subir la edad mínima de caza

En cambio, la diputada del PSOE en las Cortes Carmen Torralba ha advertido de que la normativa estatal permite que un adolescente de 14 años pueda obtener el permiso de armas y que éste no sirve solo para cazar, sino también para practicar deportes como el tiro al plato.

Pero la diputada del PP en las Cortes María Roldán ha criticado la modificación de la ley de caza que realizó el Gobierno regional en 2018, porque a su modo de ver se hizo sin consenso con el sector e incluso va en contra del mismo, porque el Ejecutivo castellanomanchego "se plegó a los intereses de los animalistas" y de los detractores de la caza.

"Es una ley mala para la caza, porque pone en peligro los 600 millones de euros que genera el sector. Es ley anticaza", ha resumido Roldán. EFE