El alcalde de Villar de Cañas insiste en que se hará el "cementerio nuclear"
El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, no da su brazo a torcer: insiste en el que cementerio nuclear será una realidad en su pueblo pese a que el Tribunal Superior de Justicia haya sentenciado que no hay agua suficiente para su funcionamiento y que los terrenos no están suficientemente lejos del pueblo.
Para la Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca, por el contrario, la sentencia en contra el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas puede suponer el fin del proyecto de almacén para residuos nucleares.
El PP, por su parte, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "respete las decisiones de los municipios y que no solo acepte las decisiones judiciales", ya que hay sentencias sobre el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) "favorables a la Junta y otras no".
Page, por su parte, ha cargado contra el Gobierno central: exige que el Ejecutivo haga un "ejercicio de prudencia" con respecto al Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas y dice que tiene que haber "alguna razón muy poderosa de tipo económico" para que el Ejecutivo "siga planteándosela"
El PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado este martes en las Cortes regionales un debate general relativo a la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, con información previa del Consejo de Gobierno.
Golpe del TSJCLM
Este lunes, el máximo Tribunal de Castilla-La Mancha rechazó el recurso de Villar de Cañas contra la anulación del Plan de Ordenación Municipal de la localidad decretada por la Consejería de Fomento del Ejecutivo castellanomanchego.
Para la Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca considera que la sentencia del máximo Tribunal de Castilla-La Mancha, este fallo "puede suponer el fin definitivo del proyecto, puesto que, si bien cabe recurso ante el Supremo, el Plan de Ordenación Municipal es indispensable para poder construir el cementerio nuclear en Villar de Cañas", ha indicado la Plataforma.
A juicio de la Plataforma y del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), la sentencia es una prueba más de que varios procedimientos de licencias del almacén nuclear no cumplieron "el ordenamiento jurídico" ya que desde el inicio "se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia" algo que "no se ha cumplido".