Casi 1600 castellanomanchegos murieron sin recibir la prestación de Dependencia en 2021

A lo largo de 2021 han fallecido 1.595 castellano-manchegos en las listas de espera de la dependencia, de ellos 903 dependientes con derecho a recibir prestación y 692 pendientes de resolución de grado, según los datos que ha publicado esta semana el Imse

Susana Palomo Gómez
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Casi 1600 castellanomanchegos murieron sin recibir la prestación de Dependencia en 2021, en concreto, 1.595 fallecieron a lo largo de 2021 en las listas de espera de la dependencia, de ellos 903 dependientes con derecho a recibir prestación y 692 pendientes de resolución de grado, según los datos que ha publicado esta semana el Imserso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).

Castilla-La Mancha es la tercera región donde más se ha reducido la lista de espera, con un 38,8 %.

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A nivel nacional, el número de fallecidos asciende a 46.671 personas, de los que 28.192 lo han hecho en el conocido como "limbo de la dependencia" y 18.479 pendientes de resolución de grado, mientras que la lista de espera para la tramitación de un expediente ha disminuido en 51.130 personas.[/caption]

Con estos datos, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales considera que el objetivo del plan de choque de dependencia de reducir las listas de espera ha fracasado y denuncia que mueren 128 personas al día -una cada 11 minutos- en el "laberinto burocrático" de la ley, esperando a recibir una prestación.

"Se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento", lamenta el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que también denuncia que las personas que solicitan atención en el sistema de dependencia esperan de media 421 días hasta que reciben una prestación o servicio.

Más de un año, de media, para la tramitación

Son catorce meses de tiempo medio de tramitación de un expediente, uno menos que en 2020, aunque en las listas de espera continúan 362.690 personas: 124.596 pendientes de valoración del grado de dependencia; 193.436 esperando que se resuelva su Programa Individual de Atención (PIA) -la propuesta de prestación-, y 44.658 a la espera de que se les entregue la prestación o servicio al que tienen derecho.

Si se compara con el número de personas que estaban en las listas de espera al finalizar 2020, ha disminuido en 51.130 personas, según los datos del SAAD, al pasar de 413.820 a 362.690.

Una reducción que el Ejecutivo estimó en 60.000 personas con el nuevo plan de choque aprobado hace un año y que, para los gerentes, "ha fracasado" debido a la burocracia en los procedimientos y a que tres comunidades (Canarias, La Rioja y Cataluña) han aumentado la lista de espera en vez de reducirla "a pesar de haber recibido el incremento presupuestario".

En concreto, Canarias la ha incrementado un 23,1 %; La Rioja, un 16,4 %, y Cataluña, un 7 %.

Las comunidades que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera son Madrid (62,9 %), Aragón (42,2 %), Castilla-La Mancha (38,8 %), Asturias (32,2 %) y Andalucía (32,2%).

Agilizar y simplificar los procedimientos

Sí han aumentado las personas beneficiarias de prestaciones y servicios en 97.912 (8,7 %) y las regiones que más han incrementado han sido la Comunidad Valenciana (14,9 %), Asturias (14,5 %) y la Comunidad de Madrid (14,4 %).

Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho a prestación se redujo el año pasado en un 10,9 %.

"Estos datos parecen indicar que el sistema de la dependencia se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con menor grado de dependencia, explica Ramírez.

A su juicio, las prestaciones y servicios son "cada vez de menor intensidad" e "insuficientes" para las necesidades de las personas en situación de dependencia, y lamenta que, pasados casi dos años de la pandemia, no se haya logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día.

"A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención", augura Ramírez, que urge al Gobierno y a las comunidades a acometer reformas que agilicen y simplifiquen los procedimientos.

EFE

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