¿Qué está pasando en Israel? La reforma judicial provoca una protesta multitudinaria

Israel está sumido en su mayor crisis constitucional desde su fundación en 1948 desde que el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu anunciara su plan de reforma judicial, que busca mermar la independencia de la Justicia y aumentar el control del Ejecutivo sobre la misma.

La legislación, cuyos aspectos más polémicos ya avanzan en la Knéset (Parlamento israelí), ha provocado las mayores protestas de la historia de Israel, con un récord de 650.000 asistentes anoche, después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir frenar su tramitación públicamente.

Las declaraciones de Gallant marcaron la primera expresión pública de un alto cargo del Ejecutivo, y del partido de Netanyahu, contra el avance de la reforma judicial, que ha desencadenado un fuerte movimiento de protesta en el país.

"Lo digo en voz alta y públicamente, por el bien del Estado de Israel y de nuestros hijos, debemos frenar este proceso legislativo", dijo Gallant durante una intervención televisada.

"Necesitamos detener las manifestaciones y protestas, y buscar el diálogo. Cualquier cosa que dañe la fortaleza del Ejército y el sistema de seguridad debe detenerse de inmediato", agregaba, en alusión al masivo movimiento popular en rechazo a la reforma judicial y al creciente número de reservistas del Ejército que se niegan a entrenar y a servir a modo de protesta por la misma medida.

Ahora, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que paraliza temporalmente la tramitación de la polémica reforma judicial para tratar de llegar a un consenso con la oposición, ante la amplia contestación social que ha suscitado las mayores protestas de la historia de Israel.

"Por responsabilidad nacional, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley (de elección de jueces) en esta sesión de la Knéset (Parlamento) para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio, en preparación para la legislación durante la próxima sesión parlamentaria", ha declarado en un mensaje televisado el primer ministro. 

Sin embargo, no abandona por completo el proyecto, que espera salga adelante en los próximos meses.

Multitudinarias protestas en todo el país

La polémica reforma, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, ha desencadenado multitudinarias protestas en todo el país y generado una profunda grieta en la sociedad israelí.

Más de medio millón de israelíes salieron este domingo a las calles a manifestarse tras el cese del ministro de Defensa. Las manifestaciones, que según medios locales concentraron a más de 600.000 personas y podrían ser las más multitudinarias hasta el momento, tuvieron lugar en distintos puntos del país, sobre todo en las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén.

A diferencia de las protestas contra la reforma judicial que tienen lugar desde hace doce semanas, habitualmente planificadas con anticipación y en coordinación con las fuerzas de seguridad, las manifestaciones de esta noche fueron espontáneas.

A pesar de las críticas desde incontables sectores y de las advertencias de su impacto no solo en la separación de poderes sino también en la economía de Israel, el Gobierno continúa avanzando con algunos de los pilares de la reforma, incluyendo una ley que otorgaría control de facto al Gobierno sobre el comité de selección de jueces.

El Gobierno tiene la intención de aprobar esta última ley esta misma semana, algo que ha motivado a los organizadores de las manifestaciones a intensificar las protestas.

Puntos más polémicos de la reforma

El Gobierno alega que el Tribunal Supremo históricamente se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario poner un límite a esos poderes.

Mientras, los detractores de la reforma aducen que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática del país, donde los poderes legislativo y ejecutivo suelen fundirse al ser siempre la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, con poder casi absoluto para imponer leyes.

Estos son los puntos más controvertidos de la reforma:

Elección de los jueces

El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno; de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.

La reforma planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, busca ampliar a once los miembros del comité y cambiar la composición del comité: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once.

Esta es la versión suavizada de la ley de selección de jueces, modificada hace una semana, ya que la formulación inicial daba al gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto en la elección y destitución de todos los jueces, incluidos los del Supremo. Estaba previsto que se aprobara esta ley en la Knéset esta misma semana.

Revisión judicial

Los cambios propuestos buscan frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80 % del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.

Este es un punto que incluso algunos detractores de la reforma defienden, ya que muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes, aunque difieren en la forma y defienden que para la aprobación o modificación de leyes básicas sea preciso más que una mayoría simple en el Parlamento.

Clausula de Anulación

Se trata de uno de los aspectos que más polémica han desatado, ya que permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes.

Los que se oponen a la ley ven esta clausula como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial y, por ende, una seria amenaza para la democracia israelí. La propuesta de ley que incluye la clausula de anulación, que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace dos semanas y su aprobación definitiva se retrasó para mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.

Asesores legales de los ministerios

La reforma planteada por el Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.

De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores, lo que para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.

Razonabilidad

La reforma pretender limitar el alcance del concepto de "razonabilidad" por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.

En base a este criterio, el Supremo consideró en enero "irrazonable" el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que este fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.